La candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante tres años declaraciones a las que le obliga la Ley de Transparencia, de la sociedad patrimonial que administraba junto a su marido, según informa el diario ABC.
Incluso ha faltado a la verdad respecto a su vinculación con esta entidad y el “incumplimiento”, “omisión o falsedad de los datos” podría acarrear una sanción administrativa impuesta por la alcaldesa de Madrid o, peor, el traslado de los hechos a la Fiscalía “por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal”. Ya hay jurisprudencia al respecto.
Los datos lo confirman
Los datos así lo constatan en un documento interno que obra en manos del Gabinete de Alcaldía desde el 6 de mayo de 2018, y al que este diario madrileño ha tenido acceso. Según concluyen las 15 páginas del informe, Villacís declaró que su vinculación como administradora solidaria de esta entidad acabó en 2009.
Esta concejala madrileña de Cs figuraba desde febrero de 2007 y hasta marzo de 2018 como administradora solidaria de la sociedad patrimonial y profesional Iuriscontencia SL, que creó junto a su esposo, el abogado Antonio Suárez-Valdés, explica ese diario.
Villacís, que fue electa para el consistorio madrileño en 2015, no informó hasta 2018 de su cese como administradora de la sociedad, una actividad que no figura en sus declaraciones de los tres años anteriores, como establece la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
La grave infracción existe
Aunque lo hubiera solicitado en marzo de 2018, cuando formalizó el cese ante notario, “la infracción existe y ese es el motivo por el que podría ser objeto de sanción mediante multa por la alcaldesa”, ha manifestado la Corporación en el escrito.
La legislación establece que como cargo público únicamente puede ostentar la titularidad de las acciones de una sociedad, pero no formar parte de los órganos de administración, que es como figuraba Villacís.
Tres inmuebles ‘ocultos’
La investigación sobre el patrimonio en cuestión de esa mercantil consta de tres inmuebles desconocidos u ocultos. El valor de mercado de los tres inmuebles a nombre de dicha sociedad ronda los dos millones de euros. Casas similares a la de Villanueva de la Cañada se venden en el mercado por más de 1,5 millones (su valor catastral es de 519.000 euros), mientras que la oficina y el garaje no bajan de 500.000 euros.
Si acaba interviniendo la Fiscalía se estaría, entonces, ante el primer caso de corrupción de un miembro político del partido de Ciudadanos. Su presidente, Albert Ribera, siempre se ha vanagloriado de no haber sido investigado, al contrario de otras formaciones políticas españolas del panorama nacional.
