Las declaraciones de los ‘consellers’ encarcelados, Joaquim Forn y Jordi Turull, los únicos de momento en responder a las preguntas de las acusaciones que les quieren castigar con 16 años por rebelión y malversación, han servido para ver el talante del Ministerio Fiscal y la Abogacía Estado en todo el procedimiento.
En estas primeras jornadas de juicio, se ha podido ver cómo los fiscales que han interrogado a los presos han intentado de todas las maneras posibles relacionar a los líderes independentistas con el supuesto alzamiento violento contra el Estado español y la malversación de fondos públicos.
Preguntas «capciosas»
Durante el interrogatorio a Turull, el fiscal Jaime Moreno ha realizado una serie de preguntas, relacionadas tanto con la violencia como con la malversación, mucho más valorativas que no sustentadas a través de las pruebas. Por ejemplo, ha llegado a preguntarle si, un tuit hecho el 21 de septiembre -un día después de los registros en la ‘Concellería’ de Economía- donde aseguraba que los catalanes «votarían y ganarían», el significado real de la frase era que «votarían y ganarían por encima de cualquier circunstancia».
En otros momentos de la sesión, la Fiscalía ha insistido en sí apoyaba la presión a los agentes judiciales y policiales españoles que registraban la ‘Concellería’. Sobre la mesa, nuevamente, el «destrozo» de 7 vehículos de la Guardia Civil y la «fuga por la azotea» de la secretaría judicial. A todo ello, el ‘conceller’ Turull ha desmontado el relato asegurando que «ninguna formación catalana que plantee ni siquiera de rebote la violencia, fracasará siempre en Cataluña». La negociación, el diálogo, el acuerdo y el pacifismo serán «siempre» signos de identidad del independentismo, remachaba Turull.
Otra de las bases de la acusación es el famoso documento ‘Enfocats’ (Enfocados). Allí, se preveía una «escalada de la conflictividad» de acuerdo con la evolución de la situación política. Pues bien, aunque Forn y Turull han repetido que no conocían nada del documento, el Ministerio Fiscal insiste en pedirles en que les parece lo que allí había escrito, y no se ha detenido hasta que el juez Manuel Marchena le ha parado los pies. A raíz de ello, en su declaración Raül Romeva ha manifestado que «si este documento es la base de la acusación, déjenme decir que es de lo más frágil». Como el resto de acusados, ha negado cualquier conocimiento del mismo.
Profesionales asombrados
Además, la obcecación de Fiscalía y Abogacía del Estado para diseñar la imagen del independentismo como un ente violento, sorprende y mucho, a la cantidad de profesionales que día a día pasan horas viendo y escuchando lo que pasa en la Sala de Vistas. Muchos de ellos aseguran que el nivel de preparación y relato mostrado está siendo «bajo», están encontrando «pocas contradicciones en el discurso de los acusados» y, al mismo tiempo, denota cierta falta de preparación documental.
Prueba de ello, es que el Ministerio Fiscal fuera literalmente, incapaz de pedir correctamente la exhibición digital de un documento durante la sesión. El fiscal Moreno aseguró que lo tenía mal guardado en las carpetas. Minutos más tarde, rebatió una supuesta prueba, pero cuando el abogado Jordi Pina pidió que enseñara el documento en la sala, Jaime Moreno reconoció que «no lo tenía preparado».
Por todo ello, fuera de las puertas del Tribunal Supremo comienza a circular la idea de que, vistos los argumentos de acusaciones y defensas, cada vez es más claro que el Tribunal no debería poder ver por ninguna parte la rebelión, y tampoco, dicen muchas voces de profesionales, la sedición. Una observación que Pina apoya completamente. A la salida del Supremo ha manifestado que la declaración de Jordi Turull ha dejado claro que «las acusaciones no tienen ningún elemento para seguir imputando el delito de malversación». Sobre la rebelión, dice Pina que «muchos de los elementos» de valor «los ha introducido la defensa» para desmontar la supuesta violencia y la «incitación al pueblo a levantarse tumultuariamente contra el Estado español».
Lo que también comienza a circular, por cierto, es que esta semana será larga en el Supremo. Una vez el Alto Tribunal ha decidido que el martes 26 de febrero arrancará la fase testifical, viernes, e incluso sábado, tienen cada vez más posibilidades de convertirse en jornada de juicio. El Tribunal Supremo quiere interrogar, sea como sea, los ocho acusados que quedan antes del fin de semana.
Recordemos que este mediodía, el Supremo ha hecho público la citación de los primeros testigos dentro de siete días. Una primera jornada donde pasarán por la Sala de Vistas Joan Tardà -será el primero en hacerlo- Roger Torrent, Artur Mas y, también, Mariano Rajoy. El objetivo del Supremo es claro. Evitar cualquier interferencia en el trepidante calendario electoral.
