Todavía no ha caído el telón sobre la operación Zeta. Jaume Roures se resiste a tirar la toalla y se mantiene en la batalla por la compra del emblemático grupo catalán. En la tarde del martes dirigió por carta una última oferta al pool de acreedores de la compañía dirigida por Antonio Asensio Mosbah, 10 entidades financieras propietarias de una deuda por un valor de 99 millones de euros. Roures sube la apuesta y pone sobre la mesa 10 millones de euros más que el Grupo Moll, pero los bancos –azuzados por La Moncloa como ayer informó Las Repúblicas– prefieren la compañía canaria a Mediapro.
Las financieras –Santander, CaixaBank, Sabadell y BBVA– tendrán que explicar a sus accionistas porque prefieren una oferta que reduce sus ingresos en 10 millones de euros: Mediadro ofrece asumir el 40 por ciento de la deuda total, en tanto que Moll sólo haría frente al 30.
En el sector financiero todo el mundo reconoce que la preferencia por Moll no obedece a motivos económicos, sino puramente políticos. Las presiones a favor de la oferta del grupo canario, muy próximo históricamente al PSOE, vienen no sólo desde la Moncloa, sino de los propios consejos de administración de los bancos, dispuestos a asumir una considerable pérdida económica con tal de castigar a Roures por sus opciones políticas (es conocido que el empresario, que se declara filosóficamente trotskista, ha votado a la CUP y tiene una buena opinión de Podemos).
Roures, en tiempos el hombre de Zapatero en los medios, ya no tiene el favor del PSOE desde que estalló el procés y el magnate de Mediapro mostró su simpatía por el movimiento autodeterminista catalán.
Pero el ejecutivo que se enriqueció con la explotación de los derechos del fútbol, en dura pelea con Sogecable, aún tiene sus bazas en esta partida, entre ellas, y no menor, el hecho de que el Institut Català de Finances no haya suscrito aún el preacuerdo del pool bancario con el Grupo Moll. La deuda de Zeta con el ICF asciende a unos 7 millones de euros. Su quita (el débito al que estaría dispuesto a renunciar) está aún por negociar. Algunas fuentes la sitúan certa de los 5 millones.
El ICF es un instituto público y, por tanto, sus responsables tendrían muy difícil explicar políticamente por qué rechazan una oferta ventajosa en términos económicos para el erario de la Generalitat. El Govern tiene claro, por otro lado, que Roures está más próximo de sus tesis que el Grupo Moll y vería con buenos ojos que Mediapro aterrizase en Zeta.
En todo caso, las fuentes de Mediapro consultadas por LasRepúblicas son pesimistas respecto del desenlace de este tira y afloja. «El Grupo Moll tiene las de ganar porque la banca ha tomado partido y rara vez la banca pierde. De todas maneras, Jaume [Roures] va a continuar, aunque sólo sea para ponerlos en evidencia», afirman.
