Ha finalizado el interrogatorio en el juicio al ‘procés’ de hoy jueves. Intensa declaración de Jordi Sànchez –más de cinco horas–, quien fue presidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) en 2017.
Ha comenzado manifestando que «jamás imaginé que pudiera haber violencia el 1-O«,a preguntas del fiscal Javier Zaragoza. El fiscal Zaragoza ha leído varios tuits enviados por Sànchez entre el 20 de septiembre de 2017, en los que llamaba a una protesta no violenta frente a la Consejería de Economía, y el 1 de octubre de ese año, fecha del referéndum.
Además de espetar enérgicamente que «el derecho a la autodeterminación es un derecho recogido en los tratados internacionales. No todo lo que no está en la Constitución es inconstitucional«, a la pregunta de Fiscal de si en la concentración de Economía hubo tres coches de la Guardia Civil destrozados, ha respondido que «hubo unos vehículos dañados. Pero no es ajustado que una acción concreta, que yo condené, sea la excusa para criminalizar una movilización de miles de personas que se manifestaban de forma cívica«, ha defendido Sànchez
Antes ha declarado el ‘exconseller’ Santi Vila, de Territorio y Sostenibilidad, además de Empresa y Conocimiento, que ha revelado su papel tras el referéndum: «Formé parte de los políticos que interlocutaron con altos dirigentes del PSOE y con altos dirigentes del Gobierno de España, que en contra de lo que se publica «tenían un alto interés en la conciliación y en evitar el choque».
Santi Vila, el único ‘conseller’ que ‘abandonó’ antes de la DUI, ha asegurado ante el Supremo que «el referéndum mutó claramente a una gran movilización política» y que él actuó como interlocutor porque en el Govern y en el Gobierno «había más moderados y centristas de lo que se acostumbra a publicar».
Ha quedado pendiente la declaración de Jordi Cuixart, presidente de Òmnium Cultural, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, que se ha aplazado hasta el próximo martes día 26 de febrero.
Esta sexta jornada esta coincidiendo con la convocatoria de huelga general en Cataluña, en protesta por la imputación de los líderes soberanistas en este juicio del Tribunal Supremo.