La declaración de Josep Rull ha servido para demostrar, un día más, que el relato acusatorio de la Fiscalía contra el Gobierno Puigdemont y los líderes independentistas está cogido con muchas pinzas.
Al Conseller de Territori encarcelado se le atribuye el no haber permitido, arbitrariamente, que el barco Moby Data, famoso por la presencia de los dibujos animados en su costado y por servir de hotel flotante para muchos de los agentes españoles desplazados en otoño de 2017 a Cataluña, atracara en el puerto de Palamós.
Pues bien, un año y medio más tarde de su primer encarcelamiento, Rull ha podido explicar su versión de los hechos. Si no se les dejó atracar en este concurrido puerto del Baix Empordà, fue por motivos «estrictamente» técnicos y administrativos.
Palamós, puerto de ida y vueltaJosep Rull ha relatado que los muelles del puerto no están preparados para acoger grandes buques en estancias «de media o larga duración». Las instalaciones son un constante ir y venir de cruceros con miles de pasajeros –sobre todo en los meses más calurosos del año. Por ello, Rull ha asegurado que tanto a él, como a todo el mundo de su departamento que gestiona la actividad portuaria en Catalunya, les habría parecido una «grave irresponsabilidad».
El motivo: que durante todo el mes de septiembre cada día llegaban cruceros a Palamós y que las dimensiones de los muelles «no permitían la convivencia de dos buques de gran tamaño». Se rechazó la entrada del Moby Data, asegura Rull, «igual que se hubiera tumbado la petición» de cualquier barco «de las mismas características».
Además, Rull ha dejado claro que «el ‘Conseller’ no decide» la entrada o no de cada barco que suele solicitar atracar en los puertos catalanes. Confió, «al 100%» en el criterio técnico de los responsables de Puertos de la Generalitat.
Solicitudes incorrectas
Asimismo, el ex ‘conseller’ encarcelado explicó que la solicitud de atracar el barco en el Puerto de Palamós era, teóricamente, para hacer «reparaciones» cuando, a la hora de la verdad, sirvieron para dar techo y cama a miles de agentes de Guardia Civil y Policía española.
Asegura Rull que «no sabían» por qué querían atracar el barco ya que las instituciones del Estado español «no lo especificaron». Sea como sea, Josep Rull ha afirmado que el barco «no utilizó los mecanismos establecidos para pedir la estancia del buque en Palamós».
Manifestarse no es delito
Con todo, hoy la fiscal Consuelo Madrigal –antigua Fiscal General del Estado con el Gobierno del PP y que debutaba en los interrogatorios de este juicio– ha intentado hacer confesar a Josep Rull que el Gobierno Puigdemont llamaba a la «manifestación masiva, cívica y pacífica» con el objetivo de hacer «movilizaciones espectaculares» que intimidaran a España y accediera a las exigencias del independentismo.
Rull, sin embargo, le ha parado rápidamente los pies con dos argumentos básicos. Que la llamada a grandes movilizaciones era la hoja de ruta de la ANC, no del Gobierno Puigdemont, y que ninguna democracia mínimamente desarrollada debería ni siquiera insinuar que se puede perseguir o coartar el derecho a la manifestación.
Calendario de sesiones ajetreado
Una última cosa que ha quedado clara hoy es que los siete magistrados que juzgan el independentismo tienen prisa para terminar los interrogatorios a los acusados. Hoy, la sesión se ha alargado hasta pasados cinco y media diez de la noche. Horario mucho más allá de las seis de la tarde, teórico límite para finalizar las jornadas en el Supremo.
El motivo, evidente. El Tribunal ha decidido que el martes 26 comienza sí o sí la fase testifical y no están dispuestos a quedarse –nuevamente– en evidencia por no cumplir sus propios plazos. Por todo ello, si mañana jueves no se acaba –como es previsible– con los interrogatorios a Vila, Sànchez, Cuixart y Forcadell, fuentes del Tribunal insinúan que deberán habilitar el lunes 25 para conseguir cumplir sus plazos.
Asimismo, para el mes de marzo, Marchena y compañía han habilitado los lunes 4, 11 y 25 para acelerar al máximo el juicio. Ya hace días que se han empeñado en terminar antes de las elecciones generales del 28 de abril para evitar interferencias y, de paso, para tener que ahorrarse suspender el juicio.
De hecho, según explican fuentes de algunas defensas, les ha llegado que la idea del Alto Tribunal es tener visto para sentencia el juicio alrededor del 12 de abril, pocos días antes del inicio de la campaña electoral.
