Lo que no pudo ser en diciembre de 2015, lo que no se alcanzó en junio de 2016, tampoco se va a abrir paso el 28 de abril de 2019, en el combate electoral convocado por Pedro Sánchez después de que sus presupuestos encallasen en el Congreso. Ni está ni se le espera una coalición de fuerzas que tengan su centro de decisión en Galiza. No por falta de propuestas. El pasado lunes, la diputada de En Marea Alexandra Fernández publicaba un artículo en La Voz de Galicia a favor de «sumar con todas aquellas fuerzas de obediencia gallega en una única candidatura a los comicios del próximo 28 de abril». Este miércoles, Compromiso por Galicia, un partido galeguista escindido del BNG en 2012, trasladaba al Bloque y a En Marea una propuesta en el mismo sentido.
¿Por qué no es posible la entente? Básicamente porque no se dan las condiciones políticas para realizarla y en el análisis no es un asunto menor la premura del tiempo, el golpe sorpresa de Sánchez al llamar a las urnas: nadie calculaba que el anticipo fuese a ser tan próximo en el calendario, un mes antes incluso de las elecciones municipales, autonómicas en 13 comunidades –no en Galiza, que las tiene agendadas para 2020– y europeas.
Vayamos por partes. La propuesta de Alexandra Fernández, un verso libre en su grupo político, ni siquiera tiene el apoyo del aparato de En Marea, enfrentado en el seno de la confluencia al tripartito crítico, Anova-Esquerda Unida-Podemos. Las fuentes de la dirección de En Marea consultadas por LasRepúblicas apuntan a que «el único escenario que contemplamos es ir en solitario, es presentarnos como lo que somos, un partido político».
O sea, ni coalición con Anova-Esquerda Unida-Podemos ni coalición con el BNG.
El análisis que hace En Marea es que ninguna de esas fórmulas garantiza la optimización de sus expectativas electorales. Lo que piensa el partido de Villares es que la gente está harta de sopas de siglas y quiere proyectos claros: la fórmula partido volvería por sus fueros.
Las recientes elecciones andaluzas –en las que se ha evidenciado que la atomización (Cs, Vox y PP en el bloque de la derecha) puede ser más rentable electoralmente que la confluencia (la convergencia entre IU y Podemos se saldó con una pérdida global de unos 300 mil votos)– ha puesto en cuestión el dogma de que la unión de marcas diversas hace la fuerza.
Los estrategas de las distintas fuerzas ya no dan por supuesto que el electorado castigue la división, siempre y cuando, eso sí, se obtenga un porcentaje mínimo de votos que permita entrar en el reparto de escaños.
Alexandra Fernández al margen, la otra propuesta concreta de unidad la ha puesto sobre la mesa Compromiso por Galicia, una fuerza residual en las elecciones parlamentarias, tanto en el plano nacional gallego como en el estatal, mas que mantiene una cierta presencia en el mapa municipal, con la Alcaldía de Lalín, el bastón de mando en manos de Rafael Cuíña, como mascarón de proa.
«Para tener al fin una representación genuinamente gallega en las Cortes del Estado hace falta generosidad política por parte de los partidos», ha dicho a ese respecto Juan Carlos Piñeiro, secretario general de Compromiso por Galicia.
En general, en los ambientes soberanistas y galeguistas está muy extendida la impresión de que la experiencia de En Marea desde las elecciones de diciembre de 2015 demuestra que sin un grupo parlamentario propio –la confluencia ha estado estos años integrada en las bancadas dirigidas por Pablo Iglesias– no es posible mantener un perfil diferenciado en el Congreso. La sensación de subordinación de los 5 diputados de En Marea a la presidencia del grupo confederal de Unidos Podemos se incrementó una vez que la confluencia valenciana Compromís tomó la decisión de pasarse al mixto, precisamente con el propósito de volar por libre.
Desde el punto de vista jurídico, el grupo parlamentario gallego sólo sería posible si en la coalición no participasen formalmente partidos que se presentan como tales en el resto del estado. Esto es lo que argumenta Luís Villares para defender la fórmula partido a la hora de concurrir a las elecciones. Izquierda Unida y Podemos no compran este razonamiento: arguyen que la formación del grupo no depende de criterios jurídicos, sino estrictamente políticos, y por tanto tiene que ver con la orientación política, si conservadora o progresista, de la Mesa del Parlamento.
¿Y qué opina el BNG? En síntesis, que sólo una fuerza política propia del país puede representar la voz de la sociedad gallega en Madrid. Y que esa fuerza ya existe. Galiza sólo tendrá un perfil diferenciado en el estado si habla directamente, sin intermediarios, y eso sólo es posible «con una fuerza política que tenga la cabeza y el corazón en Galiza, sin ataduras ni a Casado ni a Sánchez ni a Iglesias», afirma la líder del Bloque, Ana Pontón.
En definitiva, a diferencia de 2015 y 2016, el debate por la unidad de las fuerzas políticas gallegas a la izquierda del PSOE es hoy más débil y tiene menos recorrido. “Y no es sólo un asunto de las cúpulas o de los aparatos. Las bases tampoco apoyan ciertas operaciones. No sólo porque hay heridas que aún no han cicatrizado [en relación a las escisiones sufridas por BNG y Anova], sino también porque existen serias diferencias políticas, estratégicas, entre las fuerzas que tienen su centro de decisión del país y aquellas que tienen vínculos con el estado”, dicen fuentes de BNG y En Marea consultadas por LasRepúblicas.
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