El acuerdo a tres bandas en la Junta de Andalucía empieza “a dar frutos”. Dijeron creer que la ultraderecha estaba controlada, aunque nadie cree que lo creyeran: pusieron al lobo a guardar los corderos. El nuevo presidente de la Junta afirmó “que no habría ‘ni un paso atrás’ en garantías y derechos, pero dirigentes de la formación de Abascal, han sido encargados ¿Cómo parte del apoyo a la investidura? de igualdad y de memoria histórica, naturalmente con nuevos nombres, más acordes con la nueva situación política. El ex-juez Serrano ha empezado por identificar a los funcionarios encargados de la gestión de los casos de violencia de género, sobre quienes ya ha vertido la duda-acusación de que actúan “por cuestión ideológica”. Y es que, por lo visto, él debe actuar por “convicción humanitaria”, ó “para cumplimiento de la Ley” (la que todavía no ha sido dictada, por fortuna), aunque la prensa progresista le acusa de “caza de brujas”. En su razonamiento, los ultraderechistas adujeron que “los jueces dictan sentencia en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados”. Cabría preguntarse a qué profesionales seguía, antes de ser retirado de la carrera por prevaricación. Por su parte, Juan Marín, vicepresidente de quien depende la política de violencia de género, afirma que “no se moverán ni un milímetro”, pese a esta petición y otras similares por el partido de Serrano.
Todavía “calentito” el calentamiento de la Cámara, el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha tomado una decisión harto polémica, que está provocando enfrentamientos en el Parlamento: ha sido su decisión de dar marcha atrás, y no comprar sesenta y ocho equipos TAC, para dotar a los hospitales andaluces. La portavoz del PSOE, Susana Díaz, ha recordado que estos equipos iban a permitir “hacer de Andalucía la “región” europea con menor radiación en las pruebas diagnósticas”. Con un coste de 41 millones de euros, se pensaba renovar todos los equipos en todos los hospitales andaluces. El actual Gobierno tripartito no tiene nada contra el pueblo andaluz, sólo parece haber pensado que “un poco de radiación no va a matar a nadie”. Y si así fuera -añadimos nosotros- sería una solución contra el paro, mucho más eficaz que el INEM y el SAS. Quizá sin llegar a tanto, ahora la ciudadanía andaluza tendrá que esperar tres o cuatro meses, para saber si su entrada en una zona radiactiva le “obsequiará” con mayor o menor número de radiaciones.
