La titular de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha asegurado que «el castellano ya es lengua vehicular en las escuelas españolas», respondiendo así a líderes del Partido Popular y Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, que han propuesto convertir el español en el idioma vehicular de la educación en todo el país si ganan las próximas elecciones generales del 28 de abril.
«El castellano es lengua vehicular en la escuela vasca, y en Cataluña también, porque se estudia en catalán pero también el castellano es lengua vehicular en algunas materias y algunos niveles», ha defendido Celaá en una entrevista a Europa Press, en la que niega que el castellano esté «discriminado».
«Es la lengua prevalente en la vida económica, social y artística de España. Lo hablan 580 millones de personas en todo el mundo. No está en ningún riesgo de exclusión o discriminación», proclama.
Sobre la propuesta de Casado, Celaá apunta que el PP «ha estado siete años gobernando y no ha incorporado ningún cambio en la escuela catalana», y ante la propuesta de Rivera recuerda que la medida que plantea supondría un cambio constitucional y legislativo de magnitud.
«Si se quiere hacer una cosa diferente, habrá que pensar en la Constitución, en los estatutos de autonomía que son bloque constitucional, en la Carta europea de lenguas regionales y minoritarias y en la legislación educativa. Pero niego la mayor: el castellano sí es lengua vehicular», insiste la ministra de Educación.
Una “estimación” de adoctrinamiento
Celaá también admite en la entrevista a EuropaPress que el pasado 20 de febrero, cuando afirmó en el Congreso que solo el 0,2% de los libros de texto editados en España tienen «adoctrinamiento reconocido» no se basaba en ningún estudio, sino en una «estimación», aunque en la cámara aludió a datos del gremio de editores de libros.
«Era una estimación de las quejas que habíamos ido recibiendo en las distintas instancias. Los editores afirman, y respeto absolutamente su opinión, que no hay adoctrinamiento en los libros de textos. La verdad es que nosotros no hemos identificado en ningún estudio esa cuestión. Con el 0,2% nos referimos a una estimación de las quejas que se podían haber recibido», expone la ministra.
Según Celaá, con aquella afirmación pretendía «poner de manifiesto lo minoritario» de las quejas o denuncias por adoctrinamiento en libros de texto. «Algunos libros de texto que han sido susceptibles de recibir denuncias se han llevado a los tribunales y los tribunales las han archivado», asegura la también portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez.
Generalitat y alta inspección
En todo caso, Celaá ha subrayado que «por supuesto» hay que atender las quejas presentadas en distintas instancias. «Por supuesto que hay que atender las quejas pero quiero recordar que el Tribunal Constitucional hizo una sentencia reciente (de febrero de 2018) que excluyó al Estado de prestar ese servicio que habían ideado en los últimos tiempos por el cual el Estado entraba a pagar los servicios en castellano en centros privados en Cataluña y luego los compensaba a través del FLA (fondo de liquidación autonómica) afirmando que ese servicio lo debía prestar la comunidad autónoma y lo debe prestar la comunidad autónoma», ha recalcado.
Así, ha puesto de manifiesto que para dar cumplimiento a ello está la Alta Inspección, para que lengua y literatura castellana se preste en castellano en la comunidad autónoma y ha añadido que, aunque «el sistema de inmersión lingüística es un sistema constitucional», ese sistema debe compensarse «obviamente» con la utilización vehicular del castellano.
El objetivo, según Celaá, es cumplir lo que ya decía la LOGSE y han venido reiterando las distintas leyes que es que al final de la educación obligatoria todo alumno haya adquirido la destreza de la lengua castellana y en la lengua cooficial.
