La diplomacia española asegura que los derechos a la «presunción de inocencia, a la defensa, a la no autoinculpación o a un juicio justo» están «protegidos rigurosamente» en España, incluso «más que en la mayoría de Europa». Lo dice en un escandaloso documento sobre el juicio del 1-O que el Ministerio de Asuntos Exteriores español difunde después de las reuniones que mantiene sobre la situación política en Cataluña, donde se afirma que el Tribunal Supremo es «absolutamente independiente» y que los derechos de los presos políticos están «garantizados».
En el texto, también se describe la prisión preventiva como una opción que «cumple con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y la Convención Europea de Derechos Humanos» y que los jueces españoles consideraron «justificada» en el caso del juicio del 1-O. «Los hechos cometidos entre septiembre y octubre de 2017 fueron ilegales y por eso los examina un juicio en el Tribunal Supremo», dice el documento, de tres páginas y que responde a dos preguntas: «¿Qué pasó en septiembre y octubre de 2017? » y » ¿Cómo se desarrolla el caso criminal? «.
El argumentario de los diplomáticos del ministro Josep Borrell y la secretaria de España Global, Irene Lozano, defiende que el juicio se hace «con todas las garantías inherentes en un estado democrático de derecho». «La justicia española es independiente del poder ejecutivo y el legislativo», defensa, añadiendo que aunque sea «común» definir los jueces «como progresistas o conservadores, la realidad es que sus decisiones no se basan en la política, sino en criterios estrictamente legales «. «Los derechos individuales son protegidos rigurosamente en las causas criminales españolas, más que en la mayoría de Europa. Los procesos respetan los derechos fundamentales de los acusados: la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a no auto inculparse y a un juicio justo «, dice el texto.
El documento niega que los represaliados puedan considerarse presos políticos y dice que están acusados de «rebelión, sedición y malversación de fondos públicos», unos crímenes «definidos por el código penal español» y que «con definiciones más o menos similares, están incluidos en los códigos penales de la mayoría de democracias occidentales». De hecho, el texto asegura que «ninguna organización intergubernamental que opere en la esfera de los derechos humanos ni ninguna ONG» ha descrito los presos como «presos políticos», olvidando que algunas tan importantes como Amnistía o la Organización Internacional Contra la Tortura han pedido reiteradamente la liberación de los ‘Jordis’.
En este sentido, el argumentario justifica la prisión preventiva como una opción legal en España y amparada en la normativa europea. «Bajo la ley española, la decisión de adoptar la prisión provisional es totalmente del juez. Esta medida, prevista por la ley española, como para todos los países comparables, incluso con plazos más largos, cumple con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la Convención Europea de Derechos Humanos. En caso de que se trata, el tribunal consideró la medida justificada por una o más circunstancias: el riesgo de fuga, el riesgo de reincidencia o la destrucción de pruebas «, dice el documento.
Los hechos del otoño de 2017
En cuanto a los hechos de los meses de septiembre y octubre de 2017, el argumentario de la diplomacia española los define como «ilegales» y dice que, en el Parlamento de Cataluña, se «violan los derechos democráticos de la oposición no-secesionista». El documento describe los hechos del 20 de septiembre ante la ‘concelleria’ de Economía como «disturbios» y dice que «se destruyeron vehículos policiales».
El texto también habla del referéndum del 1-O, que dice que «no tuvo las mínimas garantías democráticas» porque «no había registro de votantes, ni campaña por el no». «Hubo múltiples irregularidades, y el proceso no fue observado por ninguna institución internacional reconocida (OSCE, Consejo de Europa, UE)», añade el documento, que dice que la votación se hizo en «circunstancias absolutamente irregulares» y de «considerable tensión».
La diplomacia española admite que hubo «incidentes de violencia policial, algunos de los cuales están bajo revisión de las autoridades judiciales» pero asegura que «no fue sistemática». «Dos personas fueron admitidas en el hospital», indica, sin dar más cifras de heridos. El documento también apunta que el entonces presidente Carles Puigdemont «rechazó la llamada del Gobierno para nuevas elecciones y por la restauración del orden constitucional y estatutario».
En este sentido, asegura que la aplicación del artículo 155 se aprobó por «un periodo limitado de tiempo y para centrarse en retirar las autoridades del gobierno Puigdemont y convocar elecciones». Así, según el documento, «sirvió para restaurar el funcionamiento adecuado de las instituciones de Cataluña y evitar de que siguieran con un uso ilegal de los recursos de la región».
