Obligación de la oposición es hacer oposición. Pero también es su deber ser leales y honrados. Leales al electorado, que les pide soluciones en cada voto. Honrados con su electorado también, que no entiende de componendas ni, menos aún, de intereses económicos externos. El cargo electo representa y se debe a quienes lo han elegido, aunque el sistema de partidos y el electoral, hayan mandado lealtad y honradez a la papelera. No sólo eso: la crítica desaforada, interesada, sin sentido más que para los intereses de una minoría, descubre a los políticos y destruye el espíritu de la democracia, al imbuir en los electores el desengaño conducente a la abstención. Pablo Casado que, como en el chiste de la viejecita, ha hecho bueno a Rajoy, a Fraga y, por poco a Franco, ha tenido que descubrir su verdadera faz y el hormigón que la cubre, aunque disfrace su oposición de “combate a lo imposible”, o llame “república bananera” a lo que, aunque tímidamente, se opone a la república bananera impulsada por él y su partido.
A Casado y a sus mentores, y habrá que ver a si a sus intereses inmobiliarios personales, le ha sentado como una ducha helada en enero la posibilidad de que las familias pudieran llegar a tener acceso a la vivienda. Ha sido la reacción paralela a la de los “fondos buitre”, las multinacionales de la especulación y los no menos especuladores de los derechos de todos, como si fueran sostenibles unos precios que el ochenta por ciento no puede pagar. Entonces, peor: su oposición es una invitación a los barrios de chabolas, dónde los niños puedan morir de frio y de enfermedades consecuencia de la inmundicia. La que quieren propagar Casado, bancos, fondos buitre, inmobiliarias y cuantos especuladores sin conciencia aprovechan la subida del vecino, para “no ser menos”.
El Decreto del Gobierno, uno de los treinta puestos en vigor en vista de la imposibilidad de discutir leyes, ha sido una respuesta adecuada, una bofetada oportuna a las trampas de la oposición para forzar nuevas elecciones que, según encuestas, incluso las de sus amigos, se le pueden atragantar. Que la gente no es tan tonta como ellos creen, y las elecciones no las ganan los carteles, ni las vallas, ni las cuñas. Extraños, raros, impresentables son estos “constitucionalistas” que sólo parecen conocer el artículo 151, pero desconocen ó ignoran otros artículos. Por ejemplo: 10) Derechos (acogidos a la Declaración Universal de Derechos Humanos); 14) igualdad ante la ley; 20) libertad de expresión; 47) Derecho a la vivienda; 50) Tercera Edad (lo contrario al “que se jodan”; 128) función pública de la riqueza. O tal vez no. No los ignoran: los combaten. ¿Cómo se pueden llamar “constitucionalistas” quienes combaten partes fundamentales de la Constitución? Peor aún ¿tanta ignorancia, o tanta permisividad, o tanto fascismo hay suelto, para que haya quienes apoyen a estos persistentes incumplidores de la Constitución?
Resolver el problema de la vivienda, es permitir que todo el mundo (y todo es todo) tenga acceso a una vivienda digna. Niega ese derecho a imposición de gravar el acceso con más del 30% del salario. Entonces, con las cifras a que ha llegado el alquiler sólo puede alquilar quien no precisa alquilar. O el turismo que alquila por días. Pero la Constitución se refiere a los ciudadanos y al derecho a habitar, no a “habitar unos días”. Puede que otras normas permitan a los propietarios especuladores poner libremente el precio, aunque no exista quien pueda pagarlo. Puede ser. Lo lamentable es que una norma, un decreto para hacer un poco más fácil el acceso a la vivienda, reciba tales críticas, no ya por las empresas y personas que ven peligrar una pequeña parte de sus pingües beneficios. Sino que haya partidos, como los del tripartito, capaces de desacreditar al gobierno para impedirlo. En fin, en todo caso, el Gobierno tiene la palabra: que ponga viviendas a disposición de las familias a precios asequibles. Y que los especuladores se guarden las suyas en… da igual. Dónde buenamente puedan.
