El Ejecutivo socialista no ha tenido ningún reparo: el 97 por ciento de todas las iniciativas impulsadas por el PSOE y que han sido aprobadas en estos nueve meses, desde que Sánchez ganó la moción de censura a Rajoy, han sido reales decretos leyes, frente a un solo proyecto de ley.
La intención de Pedro Sánchez de dar luz verde al máximo número de medidas vía “decretazo” hasta que agote la legislatura, en un escenario en el que ni el Congreso ni el Senado pueden ya frenar sus pasos, y que por tanto, favorece que el Gobierno pueda seguir su hoja de ruta al convalidarlos en la Diputación Permanente, es un movimiento arriesgado.
Se abren dudas sobre la legalidad y el respeto al motivo por el que fueron creados. Según recoge el artículo 86 de la Constitución, los decretos ley están refrendados “en caso de extraordinario y urgente necesidad”, cuando “el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos Leyes”.
Hasta este punto no habría dudas legales, al menos no sobre su legalidad formal puesto que la Diputación Permanente tiene el poder de convalidar los decretos ley, pero sí albergan serias incógnitas sobre la definición que el Gobierno hace de “extraordinaria urgencia”, tal como está haciendo Sánchez.
Cabe recordar que la Diputación Permanente es el órgano constituido en cada una de las cámaras parlamentarias (Cortes Generales de España, Parlamentos Autonómicos) para cumplir las funciones del mismo mientras se encuentra cerrado el periodo de sesiones.
Así, la tasa del “decretazo” con Sánchez es aplastante. Nunca fue tan alta, y seguirá creciendo, previsiblemente, hasta el 28 de abril, si el Gobierno socialista cumple su promesa de convertir los Consejos de Ministros en “viernes sociales”, con más decretazos sobre la mesa, a modo de programa electoral acelerado.
