La subida del precio de los alquileres continúa su escalada, bajo el aplauso de la banca, poseedores de la mayor bolsa de viviendas, y de los partidos de la derecha, en apoyo de los anteriores y de los grandes grupos inversores, los “fondos buitre”, pisos “turísticos” y multinacionales del alquiler, indiferentes todos ellos a la gran burbuja que se está fabricando otra vez, que puede estallar en cualquier momento. El precio de venta aún le va a la zaga, buscando el acercamiento, pese a que, en las seis comunidades dónde más ha subido en 2018, la media supera el 7%, desde el 9’6 de Madrid, al 5’6 de Andalucía. En medio, en este orden, Cataluña, Baleares, Aragón y Cantabria. Se da la circunstancia de que todavía hay miles de viviendas sin vender ni alquilarse desde 2007, preludio de la “crisis” comenzada en 2008. El crédito inmobiliario no se acerca, ni remotamente, a los niveles anteriores a esa “crisis”, prueba irrefutable de que han aprendido, o de que no quedan cajas ni bancos de los que apropiarse. En el caso de Andalucía, por ejemplo, no se han ocupado todavía las más de quinientas mil viviendas terminadas, a las que hay que añadir todas las que quedaron sin terminar, una cifra que puede superar las cien mil. El nivel de construcción fue tan superior al lógico, que, por poner un ejemplo práctico, puede comprobarse que, en las más de ciento treinta mil viviendas desocupadas de la conurbación de Sevilla, cabría caber casi íntegramente la población de la ciudad de Málaga. Una “fiebre constructiva” que infló los números económicos y resultó responsable de la gran caída, con consecuencias mucho más graves de las sufridas en España y en Europa, porque la economía se había basado casi exclusivamente en el ladrillo.
El fantasma reaparece once años después. Si entonces acceder a una vivienda precisaba un sueldo completo, ahora lo supera en ocasiones, en el caso de compra, mucho más aún en el de alquiler, porque la voracidad de arrendadores de todos los calibres, ha ido forzando la situación. Aquella verdad interpretada a su conveniencia por el “avispado” propietario “Como la gente no puede comprar tiene que alquilar”, se ha hecho norma, sin importarles quedarse sin alquilar sus propiedades, porque la mayoría no puede pagar los abultados precios, o incluso que las familias se vean obligadas a hacer un esfuerzo superior al que pueden soportar, cuya consecuencia es no poder hacer frente al compromiso por absoluta imposibilidad económica. Pero, contra eso, están las leyes favorecedoras del desahucio, y para eso algunas inmobiliarias, en su ansia por captar arrendadores para su negocio, empezaron por exigir tres meses de garantía, hasta llegar a seis en la actualidad. Omitimos nombres, que son bastante sugerentes, por cierto, pero actúan con plena libertad, pese a la nueva Ley que limita las garantías. En cualquier caso, la usura, de una parte y el favoritismo de que vienen gozando los usureros inmobiliarios, con el pretexto de “dar facilidades al alquiler”, están haciendo imposible el principio constitucional del derecho a una vivienda digna. Principio no defendido por los partidos auto denominados “constitucionalistas”.
