Hoy se cumplia el plazo que dió la Junta Electoral Central (JEC) al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, al ordenar en un plazo máximo de 48 horas, desde el lunes por la tarde, la retirada de lazos amarillos y las esteladas de todos los edificios públicos.
Pero el President Quim Torra ha decido elegir la via que ha estado defendiendo desde que Ciudadanos denunciara a este ante la JEC. Su decisisión en una nota al JEC, es la de no retirar los simbolos reivindicativos de la Generalitat, ni de ningún estamento oficial de la administración catalana. Y defiende que la ‘estelada’ es un símbolo de reivindicación «democrática, legítima, legal y no violenta». Por lo que tambien recurre contra la resolución de la Junta Electoral Central (JEC).
La Generalitat tenía 20 días para recurrir en la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central desde que exigió el lunes que en un plazo de dos días, que esta tarde noche se cumplian, se retiraran esos emblemas.
La JEC ha establecido que al ser un símbolo que representa a una ideología y a determinados partidos su utilización por parte de los poderes públicos rompe la neutralidad que se les exige sobre todo en periodo electoral.
Quim Torra está ante la primera decisión que le coloca en la línea roja de la desobediencia y la prevaricación si no acata el mandato de la JEC. Además de a una multa de entre 300 a 3.000 euros. Como presidente de la Generalitat es considerado funcionario público y esto le lleva a la franja más elevada de la sanción. Para los particulares las multas son de entre 100 a 1.000 euros.
Pero más allá de la posible sanción económica, lo más relevante es que un incumplimiento de la orden de la JEC iría acompañado de una catarata de denuncias civiles ante la Fiscalía, el PP y Societat Civil Catalana ya trabajan en ellas, por ejemplo, para abrir un procedimiento contra el presidente de la Generalitat por desobediencia y prevaricación. Previsiblemente antes la Fiscalía actuaría de oficio.
Los servicios jurídicos de la Generalitat presentarán sus alegaciones ante el Supremo, porque así lo consideran legítimo. Pero Torra sabe que más allá de los pulsos en el discurso político, el incumplimiento de esta resolución del juez en periodo electoral, puede terminar en la apertura de un proceso penal contra el presidente de la Generalitat.
Con esta decisión Quim Torra y el equipo del Govern de la Generalitat han emitido una nota en la que afirma que se mantendrá la pancarta en favor de los presos independentistas y «exiliados» junto al símbolo del lazo amarillo.
