El fiscal jefe de Baleares, Bartomeu Barceló, ha pedido por tercera vez el sobreseimiento de la querella de Europa Press y ‘Diario de Mallorca‘ contra el juez Miguel Florit y el fiscal Anticorrupción Juan Carrau, con un escrito en el que asegura que el rastreo de los móviles de los redactores que cubrían la gravisima corruptela del ‘caso Cursach’ «no supone injerencia ni coacción alguna al profesional del periodismo«.
El fiscal ha presentado ante el TSJIB un nuevo escrito de alegaciones en el que sostiene que la medida tampoco es «invasiva del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones» y que «por sí misma no es reveladora de las fuentes utilizadas por el periodista».
Además, Barceló considera que la intención de la incautación de los móviles de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre «no era quebrantar el secreto profesional» y asegura que «sí que se perciben actuaciones destinadas a respetar el secreto de los profesionales del periodismo».
También aduce que «la entrega de documentación por periodistas que en absoluto afecta a las fuentes es una práctica legal y nada excepcional».
Informes del Fiscal Carrau
Por otra parte, el escrito del fiscal Barceló defiende la no imputación del fiscal Anticorrupción Juan Carrau -contra el que los periodistas se querellaron considerándole «inductor» de las decisiones del juez-, porque cree que no se acredita «una conducta de intención criminal» por su parte.
Además, considera justificado que Carrau no mencionara el secreto profesional en los informes con los que avaló el rastreo de llamadas y posicionamientos de los teléfonos de los periodistas.
Por ejemplo, Barceló alega que en uno de esos informes, de noviembre de 2018, no se mencionaba el secreto profesional porque afectaba solamente a funcionarios policiales y «no guardaba relación alguna con los periodistas». No obstante, según consta en el sumario, dicho informe sí incluía un requerimiento a una teleoperadora para que facilitara datos de la redactora de Europa Press desde enero de 2016. El juez dictó la orden al día siguiente accediendo a todo lo solicitado por la Policía Judicial.
Respecto a si los móviles fueron examinados, el fiscal superior alude a un informe policial reciente «en el que se manifiesta claramente que no se produjo acceso», y argumenta que ponerlo en duda supondría acusar a la Policía de falsedad documental. «En todo caso corresponde probar el acceso indebido a quien lo denuncia», añade.
