Graves denuncias por parte del Gobierno andaluz actual. La Junta de Andalucía calcula que está perdiendo medio millón de euros al día en ayudas sin justificar cuyo plazo de reintegro a las arcas públicas ha prescrito. «Cada día en Andalucía prescriben 500.000 euros de cantidades que la Junta tiene que recuperar. Hoy mismo han prescrito 500.000 euros«, ha asegurado el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, tras denunciar que hay cerca de 2.000 millones en subvenciones, convenios o ayudas concedidas a ayuntamientos, ONGs y empresas que están «pendientes de justificar», porque no se ejecutaron para los fines previstos. De ese dinero, dice Bendodo, más de 900 millones «ya han prescrito», porque el plazo de la Administración para reclamar su devolución ha expirado.
Como informa el diario.es, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha difundido un informe de la Consejería de Hacienda que sepulta al anterior Gobierno socialista en grandes cifras que revelan una aparente mala gestión de los fondos públicos. «No tiene por qué ser fraude», dicen, pero sí demuestra «dejadez de funciones«. Al cierre de 2018, reza el documento, existían 2.988,7 millones correspondientes a libramientos pendientes de justificar. De ellos 1.121,6 millones estaban aún en plazo para ser justificados y otros 1.867 millones de euros en ayudas se encontraban fuera de plazo de justificación. Las subvenciones más cuantiosas cuyo uso correcto no se ha podido acreditar se localizan en la Consejería de Empleo (616 millones), Educación (559 millones), Universidad (323 millones) y en el Servicio Andaluz de Empleo (229 millones).
A las que tienen una fecha de vencimiento anterior a enero de 2015, la Junta las considera «de alta probabilidad de que el derecho de reintegro haya prescrito«: el volumen exacto es de 904,9 millones. El informe de Hacienda es menos rotundo en sus conclusiones que el consejero de Presidencia: habla de «alta probabilidad» de prescripción, pero no da por seguro que ese dinero ya haya prescrito, como denuncia Bendodo. A lo largo de 2019, concluye el documento, «es muy probable que puedan prescribir otros 173 millones de euros, si no se acometen las acciones necesarias», sin especificar qué «acciones» se reservan para evitar este escenario.
Del montante sin justificar fuera de plazo de reintegro, el consejero de Presidencia extrae esos 500.000 euros diarios que la Junta «no podrá recuperar». La mayor cuantía de ayudas sin justificar que podría perderse pertenece a la Consejería de Educación (88 millones), Universidad (48 millones) y Empleo (26 millones). Lo que no aparece explicado en el informe de Hacienda es el cálculo tan demoledor que ha hecho el consejero de la Presidencia, al denunciar la pérdida diaria de medio millón de euros.
«Quiero denunciar con todas las consecuencias las políticas de brazos caídos del anterior Gobierno socialista«, ha dicho Bendodo, al presentar este balance. Además de los casi 2.000 millones de euros en ayudas sin justificar pendientes de reintegro, el portavoz de la Junta suma otros 3.400 millones pendientes de recuperar, relativos a tributos autonómicos que deben ayuntamientos o empresas. Esta partida sí está en plazo de justificación y cobro, pero muchos de los plazos de reintegro de las subvenciones no. «A la Junta de Andalucía la embargan varias veces al día por deudas con ayuntamientos, empresas, colegios profesionales y otros entes. Hoy mismos nos van a embargar varias veces. Nos hemos encontrado un caos económico y de Hacienda», subraya el número tres del gabinete.
Causas judiciales
La imagen que proyecta el Ejecutivo actual del anterior en cada Consejo de Gobierno tiene un efecto paralizante en la oposición socialista, que aún no ha dado con la tecla para contraponer «sus» datos oficiales con los que ahora presenta el PP desde San Telmo. «Nadie, hasta ahora, daba la instrucción política para recuperar estas cantidades que se han usado para un fin distinto para el que fueron concebidas», ha subrayado Bendodo, en relación al dinero pendiente de reintegro por ayudas sin justificar.
La Junta no ha proporcionado el número total de ayudas sin justificar ni el número de empresas o entidades a las que se le reclaman esos 2.000 millones. Sin embargo, la llamada de alerta sobre este asunto no es novedosa. La Cámara de Cuentas, órgano de extracción parlamentaria, ya había retratado esta situación en sucesivos informes de fiscalización de la cuenta general de la Junta. En 2017 señaló un montante de 1.934 millones en ayudas pendientes de justificar, algunas «con una antigüedad muy elevada». «Se recomienda adoptar medidas que permitan la disminución de dichos saldos, tales como propiciar el cumplimiento de la obligación de justificación de los beneficiarios y agilizar las comprobaciones por los órganos gestores de la documentación justificativa, procediendo al reintegro de las cantidades no justificadas debidamente, con la finalidad de minimizar el riesgo de prescripción”, concluía el informe de recomendaciones de la Cámara de Cuentas.
Gran parte de este dinero pendiente de reintegro está ligado a causas judiciales notorias, como el caso de las facturas falsas o las irregularidades en los cursos de formación a parados, en los que el anterior Gobierno socialista está personado como parte afectada, y reclama la devolución del dinero supuestamente defraudado. La Junta reclamaba el reintegro de 143 millones de euros a empresas de formación por no haber justificado debidamente el uso correcto de las subvenciones. Son los últimos datos que aportó la anterior Consejería de Empleo, salidos de una investigación interna (aún inconclusa) que supuso revisar, uno a uno, los 8.509 expedientes vivos de ayudas para cursos de formación a parados concedidos entre 2007 y 2012. La nueva consejera, Rocío Blanco, actualizó esa cifra hace una semana en comisión parlamentaria, elevándola a 381 millones de euros.
El Gobierno de Susana Díaz siempre computó como ingresos en los últimos presupuestos autonómicos más dinero pendiente de reintegro por diversas causas judiciales del que finalmente logró recaudar. En 2016, la Junta calculó unos ingresos de 279,5 millones de euros provenientes de diferentes expedientes de reintegro, pero al cierre presupuestario sólo se habían recuperado 73,5 millones, un 26%. En 2017, la Consejería de Hacienda dibujó unos ingresos de 442,9 millones de euros por los expedientes de reintegro –la mayoría por litigios relacionados con fraudes–, pero tampoco logró recaudar ni un tercio de lo previsto.
En los Presupuestos de 2018 –actualmente prorrogados–, las expectativas de recuperar el dinero defraudado se habían desplomado, y la previsión de ingresos fue 70 millones menor que hace un año (373,1 millones de euros). La mayor parte de esta cifra era la previsión de dinero defraudado que esperaban recuperar, pero no solo: aquí también computaba el desfase habitual de subvenciones concedidas que quedaron sin ejecutar, por ejemplo cuando la Junta financia un proyecto para un ayuntamiento y éste finalmente no logra ponerlo en marcha y tiene que devolver dichas ayudas.
El dinero público ligado al caso ERE, la mayor macrocausa judicial que ha salpicado al Gobierno andaluz, no está computado en este informe. En todo caso, el desfase entre lo que venía reclamando la Junta, como parte afectada, y lo que exige la Fiscalía Anticorrupción es enorme. El Ministerio Público entiende que en la pieza política de los ERE –que juzga actualmente a una veintena de ex altos cargos de la Junta, incluidos los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán– hay 15 acusados de un delito de malversación de caudales públicos que deben responder solidariamente de la devolución de la hacienda pública andaluza de un total de 741,6 millones de euros. La cifra se correspondería con el total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Consejería de Empleo entre los años 2000 y 2010. Griñán, por ejemplo, tendría que devolver a las arcas públicas un total de 42,15 millones. El PP andaluz, personado en la causa, eleva la cifra del fraude a los 1.200 millones, según su escrito de acusación.
El PSOE, enterrado en macro cifras de la Junta
El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos está enterrando sistemáticamente al anterior Ejecutivo socialista en macrocifras oficiales con las que denuncian la «pésima» gestión de la Administración en manos del equipo de Susana Díaz. Cada paso que da el nuevo Gobierno parece una enmienda a la totalidad del pasado, con acusaciones muy severas sobre un supuesto fraude en la gestión de las listas de espera en sanidad –500.000 andaluces no contabilizados–, un apaño en la cola para la atención a dependientes –34.000 personas con alguna discapacidad grave que no computan en el sistema público– o las exorbitantes cifras de partidas presupuestarias sin ejecutar.
El PSOE lo niega todo. Los ex consejeros de Susana Díaz, sobre todo el ex titular de Economía y Hacienda, Antonio Ramírez de Arellano, acusa al Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla de generar noticias falsas o fake news, de mentir y mezclar complejos conceptos económicos «para que suene a fraudulento algo que es una práctica común en la financiación pública de las administraciones». La deuda viva de la Junta, equivalente al 100% del PIB andaluz, los aplazamientos en la ejecución de fondos europeos, los embargos diarios de la Administración por el retraso de pago a proveedores… no es algo exclusivo del Gobierno andaluz, pero son datos rotundos que los anteriores responsables no aireaban ni explicaban y que los dirigentes de PP y Cs denuncian diariamente añadiendo más hormigón a la losa de la «herencia recibida».
El grado de ejecución en la Junta de los fondos europeos del periodo 2014-2020 sólo ha alcanzado el 19,78%. Presidencia denuncia «dejadez», aunque desde Hacienda matizan que «es habitual que haya un mayor nivel de ejecución al final del periodo que al principio», y remarca que Bruselas concede un plazo extra hasta el año 2013. «La mayoría de proyectos europeos exigen a la región cofinanciar una parte, y en años de crisis era complicado aportar fondos propios. Las infraestructuras requieren luego un mantenimiento que, en el periodo anterior, no estaba garantizado, por eso no siguieron adelante», explican fuentes de la consejería de Hacienda.
La deuda pública de Andalucía, en efecto, ronda los 33.867 millones de euros, que es prácticamente el presupuesto anual de la Junta. Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid también arrastran deudas tan abultadas como la andaluza, equivalentes a su PIB regional, principalmente con el Gobierno central, que es su principal acreedor. Andalucía, aunque recientemente recibió luz verde del Ministerio de Hacienda para volver a buscar crédito en los mercados, todavía está sujeta al antiguo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), mecanismo de financiación del Gobierno central para las comunidades con más problemas de tesorería. El 79% de la deuda andaluza es con el FLA y el 20% con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), según fuentes de la Consejería de Hacienda.
Bendodo ha criticado este martes la deuda pública andaluza que dejó el equipo de Susana Díaz, aunque el Consejo de Gobierno del pasado 5 de marzo autorizó la primera operación de endeudamiento del Ejecutivo de Moreno Bonilla: 4.603,13 millones de euros para hacer frente a las necesidades de financiación de la comunidad durante 2019. La mayoría de ese endeudamiento se financiará a través del Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, y otra parte mediante operaciones en el mercado libre. Prácticamente los más de 4.000 millones se destinarán a amortizar vencimientos de deuda, 223,26 millones a financiar la devolución de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009 y otros 167,83 millones a financiar el objetivo de déficit de este ejercicio, cifrado en el 0,1% del Producto Interior Bruto (PIB) regional.
Desde 2015, la inejecución anual rondaba la media de los 2.100 millones de euros. El Gobierno de Susana Díaz dejó de gastar 8.400 millones de euros y, en los últimos diez años, esa cifra acumula 26.923 millones de euros que se consignó en los Presupuestos autonómicos, pero no se llegó a ejecutar en partidas para Empleo, Fomento, Agricultura, Medio Ambiente, Igualdad… «Muchos de esos fondos son irrecuperables«, sostiene Bendodo.
Al ex consejero de Economía del PSOE le resulta paradójico que el mismo día que el nuevo Gobierno de PP y Cs denuncia una «situación caótica» en las arcas públicas, se anuncie seguidamente la primera emisión de bonos de deuda por valor de 750 millones de euros. «Hay confianza en la Junta», dice Bendodo. Y Ramírez de Arellano suscribe que el interés de los mercados por invertir en Andalucía también es «herencia recibida» que dejó el Ejecutivo socialista, que ya sacó deuda pública a los mercados el pasado otoño, antes del relevo en San Telmo.
