El presidente del GBB y portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha considerado que las instituciones catalanas tienen «perfecto derecho a denunciar la injusticia que supone que haya presos políticos», «lo mismo» que en Euskadi «tuvimos derecho a denunciar la injusticia» que supuso ETA «de forma plástica con un cartel o una pancarta» en los balcones de los ayuntamientos.
A su juicio, «sin entrar en el tamaño ni dimensión de la injusticia», ya que en Euskadi ETA «mató, asesinó y extorsionó», es «lógico» que Cataluña, «en su perspectiva y dimensión desde el ámbito institucional, por decisión mayoría de quienes dirigen las instituciones, pueda de forma democrática y desde la libertad de expresión denunciar una injusticia» a través de los lazos amarillos.
En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, los parlamentarios vascos se han referido a la petición de la Junta Electoral Central a la Generalitat para que retirase los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña.
En este sentido, el portavoz parlamentario del PNV, Joseba Egibar, ha afirmado que la situación actual no la ha provocado el presidente de Cataluña, Quim Torra, sino «un Estado con todos sus poderes sincronizados desde hace un tiempo».
«Con una operación en la que se interviene la autonomía catalana a través del 155 y se diseña una estrategia penal que estamos viendo. El lazo amarillo es consecuencia de ello y no es un símbolo independentista sino un símbolo de protesta. Es un símbolo de denuncia de una injusticia por la prisión de dirigentes políticos y activistas sociales», ha argumentado.
Asimismo, ha reconocido que «la mayoría de los independentistas llevan el lazo, pero no todos», y ha señalado que, «salvando las distancias y los tiempos», hubo un tiempo en Euskadi en que «los atentados de ETA provocaban tal indignación que decidimos protestar en muchos balcones».
«Los vimos engalanados con un mensaje claro ‘Necesitamos la paz. ETA no’. Eso ha estado en los balcones de muchos ayuntamientos de Euskadi tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco y en los períodos electorales eso no desaparecía», ha descrito.
En esta línea, ha sostenido que «sin entrar en el tamaño ni dimensión de la injusticia», ya que ETA «mató, asesinó y extorsionó», hechos que merecieron «toda la repulsa del mundo y lo expresamos gráficamente», es «lógico» que Cataluña, «en su perspectiva y dimensión desde el ámbito institucional, por decisión mayoría de quienes dirigen las instituciones, puedan de forma democrática y desde la libertad de expresión denunciar una injusticia».
«No estoy comparando. Estoy relatando los hechos tal y como fueron. Cataluña tiene perfecto derecho a denunciar la injusticia que supone que haya presos políticos lo mismo que nosotros tuvimos derecho a denunciar la injusticia de forma plástica con un cartel o una pancarta», ha añadido.
EH BILDU
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que «donde se respeta la democracia no hay quiebra social cuando se toman las decisiones» y ha advertido de que algunos afirman que «altera la reflexión preelectoral la existencia de pancartas en algunos edificios y no se preocupan de que los líderes de los principales partidos estén encarcelados o en el exilio».
«Eso sí que altera el debate democrático en Cataluña… o que se esté celebrando un macrojuicio en el que se acusa de rebelión a la gente y pidiendo condenas de cárcel altísimas por echar ‘Fairy’ al suelo», ha añadido.
En este contexto, ha denunciado la existencia de «tribunales ultrapolitizados» que se utilizan «la justicia como ariete para tomar decisiones de carácter político».
ELKARREKIN PODEMOS
Por su parte, desde Elkarrekin Podemos, su parlamentaria Edurne García ha defendido que esa «guerra simbólica no lleva a ningún sitio» ya que «las instituciones deben ser neutrales en campaña electoral».
«El teatro de Torra no ayuda nada y crispa más a la sociedad catalana. Responde a una estrategia del independentismo de bloquear. Entendemos que las instituciones deben quitarlos de sus fachadas y en ningún caso de las farolas o las casas», ha descrito en relación a los lazos amarillos.
Asimismo, ha considerado que la sociedad catalana ha sido llevada al «extremo» y ha afirmado que «si la mitad del empeño en poner o quitar lazos se destinara a dar respuesta a los problemas de los catalanes los servicios públicos estarían en otra situación».
«La lógica electoralista impone los ritmos. Tanto Ciudadanos de un lado, como Torra de otro, confirman que no miran por los derechos de los catalanes ni por mejorar los servicios públicos. Se priman los cálculos electorales mezquinos», ha finalizado.
PSE
Desde el PSE-EE, el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, ha considerado que se está ante una «polémica artificial» montada por un «personaje patético y toxico» como el presidente catalán, Quim Torra.
«En vez de defender su gestión se dedica a poner banderas y símbolos. No se le conoce una sola iniciativa legislativa en el Parlamento. Es un gobierno que no gobierna, que escenifica un discurso de enfrentamiento permanente con el Estado porque vive del simbolismo», ha reprobado.
En esta línea, ha advertido de que la libertad de expresión es un derecho ciudadano «no de una institución ni de un edificio». «No se puede decir que poner una pancarta que identifica solo a una parte de la sociedad es defender la libertad de expresión. Es todo lo contrario, es pervertirla», ha indicado, al tiempo que ha recordado que «los procesados en el juicio del ‘procés’ llevan el lazo amarillo porque es su derecho individual a manifestar una opinión».
Por todo ello, ha considerado que Torra está «arruinando su propio gobierno, la sociedad catalana y la economía» y ha acusado por último a «la derecha de este país de vivir bien en este enfrentamiento permanente».
PP
Por último, la parlamentaria del PP Laura Garrido ha señalado que en una democracia consolidada los ciudadanos esperan «que se respete la ley», pero en Cataluña «el conflicto lo plantean quienes intentan desafiar el estado de derecho y la legalidad».
«Lo de Torra es un ejemplo más. En Cataluña hay problemas importantes y se habla de que una persona no cumple el mandato de la Junta Electoral central», ha sostenido. A su juicio, la actitud de querer «desafiar la legalidad vigente es inadmisible» y ha reconocido que ha echado de menos «una posición más contundente del Gobierno de España» que «parece que trata de sortear este tema para no chocar con los intereses de los independentistas»
