La plana mayor de la Agencia Tributaria se ha puesto a los mandos de la Consejería de Hacienda del Gobierno de PP y Cs en Andalucía. El cambio tiene de momento una consecuencia inmediata: trabajan con la orden de poner al día «miles de facturas» impagadas que se deben a ayuntamientos y diputaciones por tributos como el impuesto de bienes inmuebles (IBI) o tasas municipales.
Como avanza, el nuevo decreto de estructura de la Junta de Andalucía situó en la Consejería de Hacienda, Industria y Energía una nueva competencia. Centralizó en la Secretaría General de Hacienda todas las operaciones encaminadas al seguimiento de las obligaciones tributarias de la Administración andaluza, para asegurar que las distintas consejerías cumplen con sus pagos en periodo voluntario. Hasta ahora no ocurría así y la desorganización, con el consiguiente coste en recargos, ha sido la norma.
Las alarmas saltaron, como avanza El Confidencial, cuando se detectó una modificación presupuestaria en 2018 para abonar 5,4 millones de euros en distintas tasas municipales. El actual equipo del Gobierno andaluz no pone en duda la voluntad de pagar del anterior Ejecutivo, pero sí que entiende que el caos con estos impuestos ha provocado retrasos y penalizaciones que al final han elevado la factura y perjudicado a las administraciones con las que se tienen las deudas, sobre todo ayuntamientos y diputaciones.
El objetivo es convertir a la Junta de Andalucía en «un contribuyente ejemplar» y uno de los lemas internos de Hacienda empuja al Gobierno autonómico a convertirse en «obligado tributario ejemplar».
