La responsable del departamento de Hacienda de España, María Jesús Montero, ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «no hay previsión de levantar» ese control sobre las cuentas de la Generalitat de Catalunya, porque esa incertidumbre se «produce» hoy.
Esta decisión queda al margen de que los datos de déficit conocidos este viernes señalen que Catalunya cumplió en 2018 con el objetivo fijado para las autonomías, al quedarse en el 0,4%. Por lo tanto el conflicto está servido.
Ha subrayado que habrá que ver si, además, la Generalitat cumple con el límite de deuda y con la regla de gasto, lo que es obligatorio por ejemplo para autorizar la vuelta de Catalunya a los mercados para financiarse.
Pero estos indicadores no tienen que ver con el control especial que tiene Hacienda sobre las cuentas catalanas. Comenzaron en 2015, cuando el departamento entonces dirigido por Cristóbal Montoro exigió entre otras cosas la certificación por la Intervención General de la Generalitat del destino de todos los gastos, para evitar que se pagaran planes independentistas. Los fondos del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) deberían además tener como destino únicamente determinados servicios sociales.
Fuentes del Gobierno central han explicado que las condiciones por las que estas medidas se establecieron y que sólo se aplican a Catalunya se mantienen, hoy, por la actitud del Ejecutivo de Quim Torra y sus declaraciones. Añaden además que seguirán en vigor hasta que la situación cambie.
