Se trata de las asambleas parlamentarias de Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid, Aragón, Baleares, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias. Todas salvo la Comunidad Valenciana, que ha adelantado las elecciones para hacerlas coincidir con las generales del 28 de abril, y salvo las de Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña, con capacidad para tener calendario electoral propio.
Cada gobierno autonómico en cuestión aprueba su propio decreto de disolución, pero todos ellos se publicarán este martes, 54 días antes de los comicios tal y como exige la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Y todos seguirán un calendario similar aunque cada comunidad cuenta con su propia ley electoral.
Todas salvo Cataluña cuentan con una norma de estas características. En ellas se señala el número de escaños que tienen los parlamentos, qué condiciones deben cumplir los candidatos o el porcentaje de votos que se necesita para ser diputado, entre otras características.
Junto a las CCAA, el próximo 26 de mayo celebran también elecciones las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuya organización institucional y política está a medio camino entre la de las comunidades y los ayuntamientos, entre el parlamento y el pleno municipal. Tienen 25 diputados en sus respectivas asambleas y sus presidentes son los de la ciudad, Juan Jesús Vivas y Juan José Imbroda, respectivamente.
Casi todos seguirán aforados
Los futuros parlamentarios autonómicos volverán a estar mayoritariamente aforados, es decir, que si tienen un problema judicial su caso lo revisará el Tribunal Superior correspondiente. Todos salvo los canarios, que lograron que se aprobara a tiempo la reforma del Estatuto de Autonomía de las islas para eliminar esta figura.
Han sido los únicos en conseguirlo aunque otros parlamentos autonómicos lo han intentado en los dos últimos años. De hecho, el adelanto de las elecciones generales a este mes de abril ha dejado congeladas en el Congreso tres reformas estatutarias para eliminar los aforamientos, las de Murcia, Cantabria y Baleares. No han podido ser aprobadas a tiempo y las tendrán que retomar las próximas Cortes Generales.
Un diputado riojano por cada 9.500 ciudadanos
Canarias tiene la novedad de que sus nuevos diputados no están ya aforados, pero también estrena número de escaños: la reforma estatutaria y de la legislación electoral va a ampliar el Parlamento autonómico hasta los 70 diputados.
Se situará así en un término medio entre los legislativos más grandes y los más pequeños. El mayor de todos es el Parlamento Catalán (135 diputados), pero no celebra elecciones, así que de los que se renuevan en mayo el más grande es la Asamblea de Madrid, la segunda del país en tamaño, con 129 asientos.
En el otro extremo se sitúan La Rioja y Castilla-La Mancha, con 33 cada uno, y Cantabria, con 35. Y entre unos y otros están Castilla y León (81), Aragón (67), Extremadura (65), Islas Baleares (59), Navarra (50) y Murcia y Asturias (45).
En La Rioja, cada diputado trabaja de media para 9.560 riojanos y en Navarra lo hace para 12.950, mientras que en Castilla-La Mancha la media es de 61.400 personas por parlamentario y en Madrid, de 50.900.
Diferencias de sueldo
Y si es diferente el número de diputados, también lo son los sueldos de unos y otros. La mayoría de los diputados cobra entre 40.000 y 70.000 euros anuales salvo los presidentes de los parlamentos, que suelen estar por encima. De estos últimos, entre los que más cobra está la presidenta de la Asamblea de Madrid (95.800 euros) y como caso curioso figura la presidenta del Parlamento de Navarra (58.500 euros), que ingresa un poco menos que un portavoz con dedicación absoluta (59.000).
El grueso de parlamentos se sitúan en torno a los sueldos de Murcia o de Asturias, donde el presidente llega a los 72.500 euros y un diputado cobra en torno a 58.000 euros. Los asturianos por ejemplo tienen un complemento según la distancia a la que vivan del parlamento, que oscila entre los 250 y los 650 euros mensuales.
Sólo Castilla-La mancha evita repetir elecciones
Las elecciones de mayo darán paso a las negociaciones entre partidos para formar gobierno, salvo que alguno logre la mayoría absoluta. Cada estatuto de autonomía prevé plazos y votaciones, fórmulas muy similares todas ellas, así como la repetición de elecciones si nadie consigue los apoyos necesarios.
La única excepción es Castilla-La Mancha y, en parte, Asturias. La primera comunidad no prevé la repetición de elecciones y obliga a sucesivas votaciones durante dos meses para lograr un candidato que tenga la mayoría simple de la Cámara. Si transcurrido ese tiempo nadie lo consigue, quedará automáticamente designado el candidato del partido que tenga más escaños. Nada se dice de la posibilidad de empate.
Otra comunidad cuyo sistema facilita la elección es Asturias porque los diputados sólo pueden apoyar a un candidato o abstenerse, no pueden votar en contra. Si nadie gana por mayoría absoluta será investido el que tenga más escaños.
Sin embargo, se puede dar el caso de un empate entre partidos y así lo prevé la legislación asturiana: si dos meses después de la constitución del parlamento nadie consigue ganar, se convocarán de nuevo elecciones.
El resto de autonomías prevé la disolución del parlamento a los dos meses de constituido o de la primera votación de investidura y la convocatoria de elecciones. En el caso de Navarra, a los tres meses.
