La Agencia Española de Cooperación internacional (AECID), un órgano de reparto de dinero a dedo
El Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe sobre las subvenciones de ayuda oficial al desarrollo gestionadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) en 2016 en el que concluye que la agencia presentó «deficiencias y carencias muy significativas» en sus procedimientos de control.
El informe, remitido a las Cortes y al que ha tenido acceso Europa Press, aconseja a la AECID elaborar manuales de procedimiento, crear un registro único de la totalidad de las subvenciones concedidas para mejorar su control, evaluar exhaustivamente sus procedimientos y regularizar y depurar los expedientes pendientes.
También reclama regularizar la situación contable de los derechos de cobro de resoluciones de reintegro, hacer una planificación estrategica de las subvenciones para mejorar su eficacia y dotarse de indicadores de seguimiento para algunas actividades y redefinir otros, que no dan información relevante.
Subvenciones millonarias a dedo
Además, concluye que ni las bases reguladoras ni las convocatorias han incluido en sus criterios de valoración las actuaciones encaminadas a conseguir la igualdad de género por parte de los solicitantes y que las propias comisiones de valoración no cumplieron la presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Y eso que el informe señala que, con carácter general, la agencia ha avanzado en la aplicación de las recomendaciones de informes anteriores, en particular sobre el aseguramiento colectivo de cooperantes y el área de subvenciones, aunque persisten deficiencias sobre seguimiento y reintegro.
Discriminación en el reparto de las subvenciones entre ONGS catalanas i vascas o territoriales
El informe fiscaliza un importe total de 149,2 millones de euros, que fueron las subvenciones para AOD canalizadas en 2016 por la AECID. El Tribunal censura además la existencia de distintas aplicaciones informáticas que no están integradas y que mostraron «importantes inconsistencias y falta de documentación».
Además, el órgano fiscalizador detectó que en la Base de Datos Nacional de Subvenciones no se publicó información relevante sobre 391 beneficiarios de becas por importe de 5 millones de euros, incluidos los pagos realizados, la justificación de los beneficiarios, las resoluciones de reintegro o de procedimientos sancionadores.
También encontró que, en las convocatorias de subvenciones en concurrencia competitiva, se aplicaron criterios de valoración no previstos expresamente en las bases reguladoras.
«ALTO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD»
En las subvenciones nominativas, no se definió con suficiente detalle y claridad los programas que debían desarrollar los beneficiarios, por lo que hubo «alto margen de discrecionalidad en su ejecución» y en cuatro casos se financiaron proyectos de promoción de la cultura que no respondían a AOD.
En subvenciones humanitarias y de política exterior, el tribunal encontró problemas con la justificación económica, presentación de documentación justificativa fuera de plazo, desviaciones en la ejecución del presupuesto y no consecución de los objetivos previstos en los proyectos presentados.
También censura la no realización sistemática de requerimientos para la rendición de cuentas, hasta el punto de que en ocasiones se hizo solo días antes de que prescribieran los plazos. También hubo «retrasos muy significativos en revisión y comprobación de las cuentas justificativas», demorando los procedimientos de reintegro y, por tanto, aumentando el riesgo de impago.
