El Estado español siempre vuelve a las andadas en su guerra sucia contra la democracia. Un grupo de mandos policiales -todos a sueldo del Ministerio del Interior- llevó a cabo trabajos especiales: encontrar -o en su caso fabricar- pruebas o informes que inculparan a los adversarios políticos del Gobierno de Mariano Rajoy.
Todas estas operaciones se encuentran ahora bajo la investigación judicial. Según El País, la búsqueda de pruebas inculpatorias coincidía con periodos electorales o de efervescencia política, de modo que la divulgación de estos informes –muchos de ellos con datos falsos– hicieran el mayor daño posible.
Los policías los filtraban antes de trasladárselos a los jueces. La Audiencia Nacional investiga en la actualidad estos hechos dentro de la causa abierta contra el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en la cárcel, uno de los integrantes de la trama policial, tal vez el más conocido, pero no el único: media docena de comisarios e inspectores están imputados por estos hechos.
El juez ha ordenado también a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía buscar en la documentación incautada al excomisario pruebas de posibles “relaciones comerciales o acuerdos (…) con periodistas o medios de comunicación” y, “en su caso, pagos u otro tipo de contraprestaciones vinculados a noticias relacionadas con proyectos de intoxicación informativa, filtración de datos reservados o manipulación mediática”. Esto es: el juez pide que se aclare si, además de policías y de políticos, en la supuesta trama también hay periodistas.
Las primeras averiguaciones de Asuntos Internos sobre la vinculación del excomisario con Daniel Montero (El Español) y Manuel Cerdán (Okdiario) no aportan elementos que puedan interpretarse en la clave delictiva que investiga el juez. Preguntados sobre este asunto, Cerdán prefirió no contestar y Montero se limitó a expresar “su respeto a las investigaciones”. Se verá hasta dónde llega la justicia en sus investigaciones.
