Juan Manuel Moreno se ve abocado a seguir el modelo de la Sra. Botella, aunque por ahora sigue el de Susana: mirarse en Madrid, para lo cual intenta repetir el modelo de Esperanza Aguirre, sin perder de vista a Casado. Casado, a su vez, sigue el de su mentor, José María Aznar, fabricante de una burbuja cuyos restos del estallido todavía estallan. Directos en nuestros rostros. El “líder” del PP quiere allanar la Ley del Suelo, para liberalizar la construcción de viviendas, locales, naves, lo que sea, pero hacer edificios. Con el mismo modelo, Beltrán Pérez, candidato a la alcaldía de Sevilla, quiere colmatar el término municipal haciendo bloques “cuantos más, mejor” ha dicho, ante la calor del frotado de manos de las grandes promotoras y constructoras. Y Juanma Moreno, presidente de la Junta, va a imponer el silencio administrativo “positivo”, para que las promotoras y constructoras puedan acometer sus viviendas y edificios de oficina en quince días, a partir de la comunicación a la Junta. La parte menos positiva de la decisión, es que en quince días no hay tiempo material para evaluar las condiciones físicas, medioambientales, el impacto medioambiental, urbanístico y arquitectónico, ó histórico-artístico. Se quiere poner las ciudades al servicio de unas empresas que sólo miran las consecuencias de lo que hacen cuando son obligadas. Juanma piensa liberarlas de esa obligación.
Sólo la Asociación de Promotores y Constructores de España, (APCEspaña) controlada por las grandes empresas, se muestra favorable al proyecto. Según Jaime Fernández, portavoz de la asociación, “una Ley del suelo actualizada, que de respuesta a los problemas y necesidades actuales”. Son los únicos en aprobar un “modelo” de ciudad que no se veía desde los tiempos de Franco, que deformó y destrozó muchas ciudades monumentales. Algunas voces autorizadas se han alzado ya contra el modelo. Mario Espinoza, investigador del Instituto para la democracia y el municipalismo, afirma que “fomentar el neo-desarrollismo incide en las fórmulas clásicas de la burbuja. Flexibilizar la Ley del Suelo sin preguntarse cuales son las necesidades reales, ni por qué hay límites a la construcción, provocaría una atracción de capitales dentro del proceso especulativo. Se ponen los cimientos para que puedan darse las peores inercias especulativas del modelo financiero e inmobiliario“. APCEspaña parece ignorar que las verdaderas necesidades actuales, son las de habitar una vivienda digna, como recoge la Constitución. Y es imposible habitarla a los precios especulativos, que sí son actuales. Lo prueban los cientos de miles de viviendas vacías y sin terminar todavía, restos del “crack” de 2008.
La reacción de urbanistas, arquitectos y otros expertos en suelo y vivienda, ha sido diametralmente opuesta a la de los empresarios. Raquel Rodríguez, arquitecta y urbanista de la Politécnica de Madrid, asegura que “esta idea de la construcción no es remedio para unos territorios con población envejecida y cada vez más escasa”. La especialista, profesora asociada del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, duda de la eficacia de la reforma propuesta por Casado y apoyada por las grandes empresas de la construcción; “Me extraña mucho que los problemas de pérdida de población estén vinculados a la posibilidad de construir más viviendas, o no. Porque en el mundo rural hay mucho patrimonio vacío, y porque creo que es un problema de re-distribución de la riqueza, y del modelo productivo”. “Las ciudades acumulan la renta y las oportunidades laborales -añade- y extraen del mundo rural todo lo que necesitan para funcionar, sin devolver nada a cambio”.
Pese a las opiniones contrarias de expertos de diversa índole e ideología, y el único apoyo de los empresarios, Juan Manuel Moreno anunció ayer la aplicación del “silencio administrativo”, que él ha llamado “positivo”, en tanto será positivo para quienes quieran hacer una vivienda, sin atenerse a norma alguna, o transformar un edificio histórico, o derruirlo, para hacer en su solar un bloque de pisos o de oficinas. Sólo tendrá que esperar quince días, desde el momento que presente su proyecto a la Administración. Porque, sin tener en cuenta el volumen de trabajo, la constructora quedará autorizada “de facto”, si no se le responde en tan corto plazo. Y el volumen de trabajo de los funcionarios encargados del estudio de esos proyectos, puede ser -y será, sin duda- ampliado ampliamente por las propias constructoras, con sólo presentar muchos proyectos, que así se beneficiarán de la norma impuesta por el Gobierno andaluz. Por su parte, los abascalianos han querido rematar la iniciativa “morena”, con una sentencia de su máximo responsable en Málaga en apoyo también de la reforma anunciada: “Somos los únicos que aportamos soluciones. Los demás abocan a la quiebra del estado del bienestar”. Los “conquistadores” quieren convencernos de que el estado del bienestar depende del ladrillo. A nadie se le ocurre -o hacen lo posible porque no se les ocurra- que quien crea riqueza y aporta valor añadido, son el campo y la industria.
