La policía belga asegura en un informe que un fiscal de la Audiencia Nacional está implicado en la operación de espionaje a Carles Puigdemont en Bruselas. Lo publica la Agencia Catalana de Noticias (ACN), que añade que el operativo de seguimiento con las balizas que se encontraron en los dos vehículos que el expresident utiliza para desplazarse se hizo de manera extraoficial y, por tanto, sin permiso de las autoridades de Bélgica, ilegalmente.
Las balizas de seguimiento eran de alta calidad y las habrían colocado profesionales entrenados
Según esta información que citan fuentes policiales belgas, el fiscal Carlos Bautista Samaniego se alojaba en un hotel de Bruselas durante la semana que creen que comenzó el seguimiento a Puigdemont. En el mismo establecimiento había cinco personas que consideran de interés. Se trata de un empresario español, un hombre al que vinculan con el Ministerio de Justicia y tres informáticos.
El informe de la policía belga apunta a una operación del espionaje español aunque el Estado no la reconoce. Ahora bien, Bélgica dice que las dos balizas que encontraron los coches de Puigdemont eran de alta calidad y que las colocaron profesionales entrenados. De hecho, una de ellas estaba dentro del motor de uno de los vehículos del expresident. En el operativo, sin embargo, también habrían participado cómplices amateurs. Lo sospechan porque había personas que, al mismo tiempo, seguían físicamente a Puigdemont por la calle, y los Mossos que lo acompañan los localizaron.
Grave acto de espionaje cuando no había euroorden
Se da la circunstancia de que estos seguimientos se hicieron cuando sobre Puigdemont ya no pesaba ninguna orden europea de extradición y entrega (OEDE). La primera, emitida por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela el 3 de noviembre del 2017, fue retirada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena el 5 de diciembre siguiente, a pesar de mantener la orden de búsqueda y captura dentro del estado.
Por ese motivo el aparato judial español se excusa, porque frente a las primeras reticencias de la justicia belga no quería que se le denegara total o parcialmente la petición sin tener toda la documentación procedente de la instrucción. La fiscalía pidió reactivar la euroorden el 22 de enero, cuando se confirmó que Puigdemont haría su primer viaje fuera de Bélgica, en concreto en Dinamarca. Pero Llarena lo descartó, y el ministerio público dijo que lo volvería a pedir cuando se dictara el auto de procesamiento.
Las fechas de esta operación son muy significativas y cuadran a quien quiera entenderlo: era a finales de enero del 2018, los días en que estaba convocada su investidura, y el principal temor de las autoridades españolas era que Puigdemont se presentara en el Parlament. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional niegan taxativamente cualquier actuación irregular.
La juez belga que lleva el caso ha decidido, por ahora, y por algún motivo, no tirar más del hilo
La policía belga también ha examinado las dos balizas y la actividad de sus tarjetas SIM. Fruto de este análisis, han descubierto que desde una de estas tarjetas se hizo una llamada en el hotel donde se alojaba, precisamente, Carlos Bautista Samaniego.
Por ello, consideran que queda demostrado que hay una relación entre este fiscal y la operación de seguimiento. Ahora bien, la juez encargada del caso ha rechazado la petición de la defensa de Puigdemont de exigir explicaciones sobre la estancia del fiscal y del resto de presuntos espías al considerar que aún no existen suficientes indicios de culpabilidad. Pero no dejan el caso cerrado.
Operación ilegal «Fantasma»
Según ha podido saber la ACN, la investigación belga podría apuntar a una operación española ‘fantasma’, extraoficial, sin permiso de las autoridades de Bélgica y que los servicios secretos españoles siempre han negado a sus homólogos belgas. De hecho, eso es también lo que se desprende del informe del «Comité R» (Oficina de Inteligencia de Belgica) del parlamento belga sobre el caso, y del que la ACN ha tenido conocimiento a través de fuentes cercanas al texto. Este comité es el encargado de supervisar las tareas de los servicios de seguridad del Estado belga.
Así, todo indica que las investigaciones policiales apuntan directamente al espionaje español. Los diversos elementos descubiertos por los belgas abren la puerta a que no se trate, de hecho, de una misión oficial y reconocida por el Estado, sino a una misión ‘extra-oficial’ y no reconocida por el Estado español, lo que detalla su gravedad.
La policía belga no tiene dudas. La justicia belga no cierra el caso del todo. Por lo que se está ante un flagrante delito de espionaje internacional por parte de España. Otra muesca más en la cacha del revolver de las cloacas del Estado.
