Sobre las cloacas de estado, se preguntaba el juez Miguel Pasquau Liaño, en este artículo de Ctxt, ¿y si el Ministerio del Interior usó estos métodos convencido de que era su obligación para la defensa del estado? Según él mismo plantea en el artículo, eso sería aún peor de lo que hasta ahora algunos han supuesto, porque significaría que los que se han creído con el derecho de salvaguarda del sistema, también se creen aislados de respetar cualquier derecho y por encima y en paralelo del cumplimiento de la tan manida Constitución del 78.
La teoría del Juez, que por sus escritos un servidor calificaría como uno de los buenos, no deja de ser una conclusión de alguien que cree en el sistema. De persona que jamás ha traspasado los límites y que como tantos otros como Joaquim Boch o Javier Urías, son tan rectas en su comportamiento y con sentimientos tan profundamente democráticos, que no pueden, ni por un momento, dejar de creer que cualquier acción llevada a cabo por quien ostenta poder dentro del sistema, no pueda encuadrarse dentro de una lógica, aunque esta sea puntual y excepcional en cuanto al incumplimiento de la legalidad.
Otros, no tenemos tanta fe en las personas, ni mucho menos en un sistema que se ha demostrado con creces a lo largo de los últimos cuarenta y un años, como una cleptocracia oligárquica, una pantomima de democracia que tiene un serio problema de cimentación. España es un teatro de guiñoles en el que el escenario es una caja bonita, los actores principales marionetas de cartón con chaqué de seda pero dirigidas por rufianes sin escrúpulos que hacen que los guiñoles le pregunten un público agilipollado, o como dice Gerardo Tecé, con un ataque permanente de sudapollismo general, si han visto a la bruja y el espectador, poniéndose de parte de los rufianes, pensando que los muñecos tienen vida propia y son los malos, vocifera “nooooooooo”.
La mayor parte de los países que en algún momento de la historia salieron, como nosotros, de un sistema fascista dictatorial, tuvieron la precaución de romper con el pasado, juzgar a los asesinos genocidas y airear las instituciones conforme a los nuevos tiempos. Aquí entre la CIA, Isidoro y Helmut Schmidt nos colaron la idea de que era mejor ese modelo que llamaron transición y que en realidad solo era una operación “chapa y pintura” consistente en quitarle el polvo al sistema, cambiarle el nombre a los ministerios, al Tribunal de Orden Público y ponerle tapas nuevas a las Leyes fundamentales del Reino camuflándolas entre páginas de papel de seda en las que hubiera escritos muchos derechos, redactados para tranquilizar a quienes reclaman libertad, pero de los que no se iba a hacer uso. Es la técnica de la tasca de mala muerte que se autodenomina con un rótulo llamativo “restaurante gourmet” y para ello ofrece una carta con cien platos de menú pero en realidad solo tienen tres, mal cocinados y de pésima calidad.
Dice también el Magistrado Pasquau, en el mismo artículo, que las cloacas pueden ser necesarias porque hay ciertas guerras que solo puedes ganar usando métodos que no alcanzan amparo en la legalidad. Es posible, aunque permítanme que lo ponga en duda. Además eso tiene un riesgo serio. Si en un hospital dónde todos los cirujanos están ocupados ante un accidente múltiple, y para intentar salvar la vida a uno de los accidentados, se hiciera la vista gorda porque un médico de familia opera una hemorragia en una pierna y logra salvar la vida del accidentado, la situación estaría justificada. Pero nadie en su sano juicio extrapolaría ese sistema a un consultorio en mitad de la sabana africana y que quién operara, fuera el hechicero. Porque el resultado es imposible que acabe siendo el mismo.
Dejar que un estado dónde no se han depurado responsabilidades de genocidio, extorsión, torturas y mafias en el que durante treinta y nueve años con la connivencia de gobierno, jueces, policías y periodismo intervenido por el régimen se dedicaban a hacer lo posible para que los disidentes acabaran exiliados, encarcelados, o muertos, y poner en sus manos ese sistema de cloacas, sin control, en el más puro secretismo, y con presupuesto para hacer casi lo que quieran, es de locos, de imbéciles o, peor, de los que saben perfectamente lo que hacen porque todo es para su propio beneficio y para el de los que han estado moviendo los guiñoles desde el siglo XVI.
El sistema español no tiene un problema de cloacas. Tiene el problema de que el propio sistema es una enorme fosa séptica. El rescate de los bancos, los sobres con dinero robado, las cuentas opacas en Suiza de dinero ilícito, las comisiones por obras, las sedes pagadas con fondos de la lucha antiterrorista, los Gal, la cal viva, las adjudicaciones con cláusulas abusivas en las que, si el negocio va mal, se indemniza al adjudicatario o se le rescata con fondos públicos, las campañas electorales pagadas con fondos de comisiones ilegales, los préstamos bancarios condonados a formaciones políticas, la concesión administrativa de medios de comunicación a quiénes no respetan la legalidad audiovisual vigente, la admisión a trámite de denuncias sucesivas por blasfemia, las acusaciones por delitos de terrorismo a músicos, escritores y/o humoristas, los procesos judiciales llenos de irregularidades a políticos contrarios al sistema, las demandas judiciales constantes y sistemáticas contra opositores, el uso indebido de la presunción de veracidad, el de normativa obsoleta que estando vigente va contra el espíritu de democracia y libertad, la utilización torticera de la publicidad institucional para condicionar a medios de comunicación, la manipulación sistemática de las noticias para favorecer una ideología o a un partido político, dejar de invertir en sanidad pública para favorecer a emporios sanitarios, subvencionar la educación privada en detrimento de la pública, que el estado, a pesar de declararse aconfesional, siga financiando masivamente una religión… todo, forma parte o es consecuencia de eso que llaman cloacas y que en España parece ser una generalidad.
Y no solo es un problema de creación de noticias falsas para desprestigiar a una formación política, o de que Iglesias, ni siquiera pueda poner cámaras de seguridad en su casa porque alguien filtra la IP y su vida acaba siendo un reality en directo en internet. El problema viene de lejos y ha afectado a muchos antes que a Podemos. La realidad es tan sórdida que para muchos se ha convertido ya en un problema de credibilidad y confianza. ¿Podemos fiarnos, con estos mimbres, de que los procesos electorales están limpios y que sus resultados son honestos?
¿Elegiríamos como presidente de nuestra comunidad a un tipo que se ha quedado con parte de las cuotas, que ha arreglado su casa con las comisiones que le ha sacado en “B” a la empresa que ha reparado la fachada del edificio de la Comunidad, que se mete en la sala de control de las cámaras de vigilancia y usa las imágenes para extorsionar a los vecinos y que ha instalado, en secreto, cámaras en los cuartos de baño de las vecinas que viven solas? ¿Dejaríamos que él sin supervisión contara las papeletas para elegir presidente?
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