El relato oficial dice que entre la muerte de Franco en 1975 y el fallido golpe de Estado de Tejero (23 de febrero de 1981), España sería una Arcadia idílica (de apellido Transición), en la que los líderes de la oposición al régimen de Franco y los reformistas del interior pactaron una agenda para preparar al Estado español para su anhelada entrada en Europa así como garantizar la democracia y el progreso generalizado, todo ello bajo la supervisión del rey Juan Carlos I como valedor de la balbuciente democracia. Sin embargo, al cabo de 4 décadas, la crisis económica, la desafección política de la sociedad española motivada por los sangrantes casos de corrupción de la élite político-económica y el creciente descrédito de la institución monárquica han hecho revisar tales esquemas, incluida la tesis de la supuesta reconciliación nacional propagada por el «mass media» de la época de la Transición, todavía pendiente de su finiquito legal. Así, el grupo de trabajo de la ONU sobre desapariciones forzadas ha concluido en su informe preliminar que «el Estado español debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114.000 desapariciones forzadas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista» y ha lamentado que no haya «ninguna investigación judicial efectiva en curso ni ninguna persona condenada», lo que atribuyen a «una combinación de diversos factores, como la interpretación de la Ley de Amnistía de 1977» (conocida como Ley de la Reconciliación en la terminología transicionista).
La deriva totalitaria del Estado español
La deriva totalitaria del Estado español arranca con la implementación de la doctrina de la alternancia en el Poder del bipartidismo PP-PSOE como defensa y garante del citado establishment dominante, fruto del acuerdo tácito entre los partidos políticos tras el simulacro de golpe de mano de Tejero (23-F del 1981) y alcanzó su mayoría de edad con la llegada al poder del PSOE y el nombramiento como Presidente del Gobierno de Felipe González (1982), con quien asistimos al finiquito de la idílica Transición y al inicio de la deriva totalitaria del sistema mediante la implementación del llamado «terrorismo de Estado» o «guerra sucia» contra ETA y su entorno, del que serían paradigma los Grupos Armados de Liberación (GAL). Ya en 1989, el Comité de Encuesta sobre las violaciones de los Derechos Humanos en Europa (CEDRI) elaboró un duro manifiesto en el que denunciaba la deriva totalitaria y el «terrorismo de Estado» implementado por el Gobierno de Felipe González con las siguientes palabras: «el GAL con su cadena de crímenes, su impunidad y sus evidentes raíces en las más altas instancias del Estado, descubren los cimientos enfermos».
Un hito fundamental en la espiral involucionista del régimen del 78 sería la implantación por el Gobierno socialista de Felipe González de la Ley Antiterrorista de 1985, definida por José Manuel Bandrés en su artículo «La Ley antiterrorista: un estado de excepción encubierto», publicado en el diario El País, como «la aplicación de facto del estado de excepción encubierto». Dicha Ley Antiterrorista (todavía vigente a pesar de la ausencia de actividad por parte de ETA) sería un anacronismo propio de la dictadura franquista, un limbo jurídico que habría convertido los sótanos de cuartelillos y comisarías en escenarios distópicos de naturaleza real (no ficticia) y en Guantánamos virtuales refractarios al control de jueces, fiscales y abogados y que facilitarían la labor de los Cuerpos de Seguridad del Estado para obtener evidencias delictivas mediante prácticas inadecuadas (léase tortura), prácticas confirmadas por las declaraciones de Luis Roldán, Director General de la Guardia Civil con Felipe González.
La deriva regresiva tendría su continuación con la Ley Orgánica 7/2000 del Gobierno Aznar que incluyó como novedad la aparición del llamado «delito de exaltación del terrorismo» y prosiguió su escalada con la firma por Aznar y Zapatero del llamado «Pacto por la Justicia y las Libertades» de 2003 que instauraba de facto «la cadena perpetua estratosférica» al elevar la pena máxima de cárcel hasta cuarenta años, superando la «crueldad del régimen de Franco», que contemplaba los 30 años de cárcel como pena máxima. En el paroxismo de la involución, hemos asistido a la reciente modificación del Código Penal para constreñir hasta su nimiedad los derechos de expresión (Ley Mordaza) y a la firma entre Rajoy y Sánchez del llamado «pacto antiyihadista» que bajo la falacia de combatir el terrorismo yihadista «convierte en delitos terroristas infracciones menores o conductas lícitas y supone un ataque a la línea de flotación del sistema constitucional», en palabras de Manuel Cancio Meliá.
Reforma vs. ruptura
El puzzle inconexo del caos ordenado puede esbozarse mediante la llamada «Teoría de las catástrofes» del científico francés René Thom y se basaría en dos conceptos antinómicos para intentar «comprender el orden jerárquico de la complejidad biológica». Así, el concepto de estabilidad o equilibrio se refiere a un sistema que permanece estable aunque registre un cambio, principio que trasladado a la esfera política se traduciría en la Reforma del Régimen del 78 sin alterar sus principios esenciales (monárquico, jacobino y neoliberal), tesis que defenderían los partidos del establishment dominante del Estado español (PP, PSOE y Ciudadanos).
En la orilla antónima, encontramos el concepto de cambio cualitativo o discontinuidad que se produce cuando simples cambios cuantitativos pasan a ser otra cosa diferente y el sistema se transforma internamente de modo radical en una nueva realidad que modifica su situación de equilibro interno y se crea una situación nueva (Nuevo Régimen), tesis defendida tan sólo por Vox y los grupos independentistas periféricos y que es asociada por el aparato mediático del sistema dominante (mass media) con el advenimiento del caos. Por caos (Khaos o «vacío que ocupa un hueco en la nada») entendemos algo impredecible y que se escapa a la miope visión que únicamente pueden esbozar nuestros ojos ante hechos que se escapan de los parámetros conocidos pues nuestra mente es capaz de secuenciar únicamente fragmentos de la secuencia total del inmenso genoma del caos.
La vigencia del gatopardismo en España
El biólogo Lyan Watson en su obra Lifetide publicada en 1979 afirma que «si un número suficientemente grande de personas (masa crítica) adquiere un nuevo conocimiento o forma de ver las cosas, esto se propagará por toda la humanidad», para lo que es necesario que un determinado número de personas (masa crítica), alcance una conciencia más elevada, momento en que el individuo es capaz ya de realizar un salto evolutivo y lograr un cambio de mentalidad, tesis conocida como «Teoría del centésimo mono».
Sin embargo, el actual sistema dominante o establishment de las sociedades occidentales utilizaría la dictadura invisible del consumismo compulsivo de bienes materiales para anular los ideales del individuo primigenio y transformarlo en un ser acrítico, miedoso y conformista que pasará a engrosar ineludiblemente las filas de una sociedad homogénea, uniforme y fácilmente manipulable mediante las técnicas de manipulación de masas. Así, el sociólogo y filósofo alemán Herbert Marcuse, en su libro El hombre unidimensional (1964), explica que «la función básica de los medios es desarrollar pseudo-necesidades de bienes y servicios fabricados por las corporaciones gigantes, atando a los individuos al carro del consumo y la pasividad política».
La estrategia electoral de los partidos del establishment dominante se basará en el mantra de la recuperación económica edulcorada con sibilinas promesas de aumento del techo de gasto autonómico, subidas salariales a funcionarios y jubilados así como reducciones fiscales al estar la sociedad española integrada por individuos unidimensionales que no dudarán en primar el panem et circenses frente al vértigo que suscita la utopía. Así, tras las próximas elecciones Generales, es previsible la formación de un Gobierno de coalición PSOE-Ciudadanos que contará con las bendiciones del establishment europeo y que escenificará la metamorfosis del Régimen del 78 mediante una reforma edulcorada de la actual Constitución vigente para implementar un Estado monárquico, jacobino y eurocéntrico, siguiendo la máxima del gatopardismo: «cambiar todo para que nada cambie».
