La Guardia Civil ha implicado por primera vez a Esperanza Aguirre en la trama Púnica. La expresidenta madrileña participó en reuniones de altos cargos de su Gobierno donde presuntamente se acordó favorecer a una empresa que trabajó en las campañas electorales del PP en 2003 y 2007 a través de contratos públicos, según informa este viernes el diario El País, que hace referencia a un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso de corrupción el pasado 25 de marzo.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha situado a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en reuniones con otros exdirigentes del PP madrileño en las que se habrían dado instrucciones para recompensar con contratos públicos a empresas de la trama Púnica que habrían realizado trabajos de las campañas electorales del partido en los años 2003 y 2007, si bien no concreta la fecha de estos encuentros ni el papel que ella desempeñó.
La ex ministra de Educación y Cultura ha negado siempre su implicación en casos de corrupción y en concreto en la trama Púnica de la que siempre salia indemne en las investigaciones. Así fué su intervención ante los medios de comunicación sobre la destitución por ‘irregularidades’ de su predecesor Ignácio Gonzalez:
Mi manera de concebir la política, como servicio a España y a los ciudadanos, me lleva a asumir la responsabilidad que me corresponde. pic.twitter.com/9VnHoWKtbX
— Esperanza Aguirre (@EsperanzAguirre) 25 de abril de 2017
De acuerdo al documento, el Ejecutivo de Aguirre utilizó “la publicidad institucional […] con el único objetivo de encumbrar la gestión de dirigentes autonómicos del PP regional al frente de las instituciones, todo ello sufragado con fondos públicos”.
El informe policial detalla “las relaciones comerciales de la Comunidad de Madrid y otras administraciones públicas madrileñas” con el entramado de sociedades de marketing y publicidad del empresario Daniel Horacio Mercado, que recibió contratos por un valor superior a los 7,4 millones de euros gracias a la mediación de Aguirre.
Entre otras cosas, las empresas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoción de la construcción de una decena de hospitales y centros médicos, así como para otras campañas publicitarias del departamento.
Cambio de leyes para beneficiar al empresario
De acuerdo a la información de El País, el Gobierno de Aguirre modificó varias leyes autonómicas en el año 2006 para beneficiar a Mercado, imputado en la Púnica y en el caso sobre la financiación irregular del PP en Baleares con Jaume Matas.
Con el cambio normativo, se dieron “instrucciones precisas” a varios consejeros para que las sociedades del empresario recibieran adjudicaciones, tanto de las consejerías como de empresas públicas y órganos autónomos de la Comunidad.
El proceso requería de una “autorización previa” de la Vicepresidencia del Ejecutivo regional, entonces en manos de Ignacio González, igualmente imputado en la trama Púnica, como Francisco Granados, otro de los hombres de confianza de Aguirre.
Todo este procedimiento se organizó en varias reuniones en las que, aparte de Aguirre, González, Granados y Mercado, también participaron el viceconsejero Alberto López Viejo, condenado por el caso Gürtel, el consejero de Sanidad Manuel Lamela e Isabel Gallego, responsable de Comunicación.
El informe policial destaca que Mercado y Lamela fueron los que confirmaron la presencia de Aguirre en los encuentros durante sus declaraciones ante la Guardia Civil.
Así fué la tensa comparecencia de Esperanza Aguirre en la Comisión de Investigación del Congreso por la presunta financiación ilegal del Partido Popular marcada por las preguntas de Gabriél Rufián:
