Histórico. Por primera vez dos partidos políticos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH Bildu, se han comprometido, ante la petición de una parte de los alertadores y denunciantes de corrupción, a la creación de una oficina de apoyo a los alertadores y denunciantes de corrupción y a la reparación de aquellos que ya dimos el paso en el pasado y que por ello hemos perdido nuestros trabajos, viviendas y futuros y vivimos con un estigma, con unos ‘antecedentes penales’ que nos impiden rehacer la vida.
Debo reconocer que después de cinco años he llorado de alegría al conocer las respuestas de ambos partidos y he sentido que, por fin, se vislumbraba luz al final del túnel. No solo para mí, sino para muchas otras personas que se encuentran en una situación lamentable y que necesitan de justicia.
Porque, tanto ERC como EH Bildu, han llegado mucho más allá de las meras palabras, ya que han aceptado comprometerse a “no permitir gobierno ni aprobar presupuestos” si el partido que necesita de sus votos no se compromete primero a cumplir estas acciones y después las materializa.
Esta petición de compromiso tan extremo, pero necesario y en la línea de la recién aprobada Directiva Europea de Protección a los Alertadores y Denuncias de Corrupción, se debe a que partidos como el PSOE son muy dados a prometer en la oposición o en momentos de necesidad de votos cualquier iniciativa o requisito, pero después incumplirlo. Incumplimientos que se realizan de forma total, por omisión absoluta de lo prometido, o vaciando de contenido aquello pactado.
También, todo hay que decirlo, una petición como la realizada, casi desesperada, ha tenido en cuenta que muchos denunciantes y alertadores hemos escuchado durante mucho tiempo palabras muy cálidas que, después, no han llegado más allá. Recordemos que la Ley de Protección a los Denunciantes de Corrupción lleva paralizada en el Congreso de los Diputados desde hace casi tres años. Por ello, era imprescindible diferencias promesas de compromisos. Y ERC y EH Bildu se han comprometido.
La petición incluía que la oficina estuviera dotada con al menos cinco millones de euros anuales, cinco abogados, dos psicólogos y dos informáticos, elementos claves para poder comenzar a apoyar integralmente a los denunciantes tanto a nivel jurídico como psicológico o económico y que, además, permita la creación de un buzón electrónico para la realización de denuncias anónimas. Debe de ser solo el comienzo de una oficina que cada año debería tener más importancia, máxime si tenemos en cuenta los escandalosos niveles de corrupción alcanzados.
De la misma manera, se solicita que aquellos que han sido maltratados por alertar o denunciar corrupción sean reparados, poniendo como ejemplo el caso de Roberto Macías, que a día de hoy puede ser condenado a prisión tras la revelación de irregularidades en UGT, para que si ello sucede sea indultado. ¡Qué triste y lamentable resulta que una persona pueda terminar en prisión por revelar prácticas corruptas y que un sindicato lo acuse como tal en lugar de agradecerle su contribución! O mi caso personal, para que pueda ser readmitido en las Fuerzas Armadas y continúe mi vida después de que esta se interrumpiera bruscamente hace cinco años o al menos sea reparado por el Estado. No olvidemos que Margarita Robles, actual ministra de Defensa, pasó de apoyar a los denunciantes de corrupción en la oposición a no responder al teléfono ante los requerimientos de cumplir con lo prometido en materia de reparación de alertadores y denunciantes de corrupción.
Porque el compromiso incluye, para todos los demás alertadores o denunciantes de corrupción que a día de hoy sufren situaciones de angustia y desesperación personal, que se cree una comisión que determine si deben ser reparados también. Una luz al final de sus calvarios. Un poco de esperanza en sus maltrechas y apaleadas vidas.
Además, hemos conseguido que partidos como IU, PCE, En Comú Podem, Unidas Podemos y Front Republicà se comprometan tanto con la creación de una oficina de apoyo a los alertadores y denunciantes de corrupción como en la reparación de los denunciantes de corrupción, aunque no han llegado al extremo de que ello sea esencial para no permitir gobierno o no aprobar presupuestos. Lo que también supone una gran noticia.
Partidos como PSOE o Ciudadanos ni tan siquiera han respondido a la propuesta, lo que demuestra su nivel de compromiso real con la reparación de los denunciantes de corrupción y la protección de los futuros y potenciales denunciantes de corrupción. Hay que recordar que diferentes estudios cifran las pérdidas anuales por corrupción entre los 40.000 y 90.000 millones de euros, por lo que una inversión como la propuesta puede terminar por convertirse en una de las más rentables de la historia.
Pero más allá de la rentabilidad o no de esta iniciativa, por primera vez en la historia, hay denunciantes y alertadores de corrupción que dormiremos soñando con un país en el que en lugar de perder los puestos de trabajo, pasar hambre, sufrir desahucios y ser estigmatizados o repudiados, los alertadores y denunciantes de corrupción podrán finalmente tener unas mínimas garantías para cumplir con su obligación de denunciar. Porque, denunciantes somos o podemos ser todos. Os pido, de forma personal, que lo aquí relatado os suponga un elemento más para decidir vuestro voto, porque nuestro futuro será mejor si los alertadores y denunciantes de corrupción que ya han cumplido con su obligación y han servido a la sociedad son reparados y aquellos que lo hagan en el futuro son protegidos y no viven una tragedia como la que hemos vivido muchos.
