El expresidente legítimo de Cataluña Carles Puigdemont ha dicho este jueves que «no pierde la esperanza» de poder concurrir como ‘cabeza de lista’ de JxCAT a las elecciones al Parlamento europeo del próximo 26 de mayo, ya que seguirán todas las vías legales para recurrir la decisión de la Junta Electoral Central de excluirle a él y a otros dos candidatos, Toni Comín y Clara Ponsatí.
«No es solo un ataque a los que queríamos ser candidatos, sino sobre todo es un ataque a los ciudadanos de Cataluña, que querían votarnos y tenían un derecho en igualdad de condiciones que el resto de candidaturas que ahora se ha roto», ha indicado Puigdemont en una rueda de prensa en Bruselas.
Preguntado por la decisión de la JAC, Puigdemont ha considerado que se trata de una «exclusión ilegítima», prueba de que la situación en Cataluña pone también en riesgo la democracia en el conjunto de la Unión Europea y ha asegurado que no pierde «nunca la esperanza» de que se reconozcan sus derechos políticos.
Proceso para la Iniciativa Ciudadana Europea
El líder independentista ha comparecido ante la prensa para anunciar una campaña para pedir a la Comisión Europea medidas contra España por supuesta vulneración del Estado de derecho, a pesar de que hasta ahora el Ejecutivo comunitario ha expresado su confianza en la democracia española cada vez que se ha referido a la crisis catalana.
El primer paso para poner en marcha esta campaña es pedir al Ejecutivo comunitario que registre una Iniciativa Ciudadana Europea para pedir la aplicación del artículo 7 del Tratado de la UE contra España, lo que obligará a Bruselas a responder en el plazo de dos meses si acepta o no el registro de la campaña.
Puigdemont espera que esta iniciativa sirva para que las instituciones de la Unión Europea «se sientan interpeladas» ante lo que considera una «amenaza» contra la democracia en Europa.
Tras la rueda de prensa, Puigdemont se ha encontrado con el actual presidente de la Generalitat, Quim Torra, para sumarse a una concentración de la Asamblea Nacional Catalana, por la que se han reunido una veintena de personas frente a las sedes de las instituciones europeas en protesta por lo que consideran una «manipulación electoral».
Según las reglas comunitarias, en esta primera fase, el Ejecutivo comunitario debe aceptar el registro de una iniciativa si constata que no está fuera del ámbito de sus competencias y si «no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria», ni contraviene los principios y valores de la UE, lo que no implica que acepte la cuestión de fondo que se plantea.
Si Bruselas acepta el registro, Puigdemont tendrá entonces doce meses para obtener el millón de firmas exigidas, alcanzando los mínimos establecidos en al menos siete Estados miembros.
Cumplido este proceso, los promotores de la Iniciativa Ciudadana Europea –la Asamblea Nacional Catalana y el Consejo de la República–tendrán que informar a la Comisión del resultado, con datos de los apoyos y de la financiación que hayan recibido.
La etapa final fija un plazo máximo de tres meses para que la Iniciativa, en caso de cumplir todos los requisitos de registro, sea expuesta en detalle ante el Ejecutivo comunitario y en una audiencia pública en el Parlamento Europeo. La Comisión no está obligada a proponer medidas concretas como conclusión, pero sí a dar una respuesta motivada tras su análisis.
