El Gobierno español no está por la labor de solucionar el ‘problema’ catalán. Por ahora, lo único que Pedro Sánchez ha hecho es un compromiso ante la Comisión Europea a abordar la reforma del sistema de financiación en esta legislatura.
Así figura en el Plan de Estabilidad 2019-2022 remitido la semana pasada a Bruselas. A nadie le soprende que sólo se dedique a hacer promesas del ‘chocolate del loro’. Y como siempre no dejará contento a nadie. Ni a los suyos.
Los líderes de los partidos políticos, sin embargo, evitan el debate sobre este importante asunto en la campaña electoral. El resultado de las próximas elecciones y el color de los nuevos Gobiernos autonómicos será decisivo para sacar adelante la reforma. Además, por primera vez, el Ejecutivo también tendrá que buscar apoyos en el Congreso para lograrlo.
La reforma del sistema de financiación es uno de los asuntos más trascendentes del Estado de las autonomías y uno de los más complejos de abordar desde el punto de vista político. Requiere poner de acuerdo a la mayoría de las autonomías, con independencia del signo político de su Ejecutivo. Hasta ahora, los sucesivos gobiernos centrales solventaban el asunto poniendo más dinero sobre la mesa.
Según El País, así ocurrió en 2009, cuando Rodríguez Zapatero aprobó el modelo en vigor a cambio de ofrecer 11.000 millones más a las autonomías. Este sistema de reparto, que regula cómo se distribuyen los recursos entre las comunidades para prestar la sanidad, educación y otros servicios sociales, tenía que haberse reformado en 2014, pero el gabinete de Mariano Rajoy lo aplazó bajo pretexto de la crisis y las tensiones independentistas en Catalunya.
