Tras el informe de los expertos de la ONU que acusan a Rajoy y los jueces de aliarse para «decapitar el independentismo», la defensa del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha solicitado la puesta en libertad provisional de su cliente en virtud del informe que ha emitido el grupo de trabajo de la ONU sobre detención arbitraria, que considera que la prisión preventiva en que se encuentra el líder independentista desde el 16 de octubre de 2017 es contraria a los principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Concretamente, el grupo de trabajo ha dictaminado que la privación de libertad de Cuixart, además de la del expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras es «arbitraria» y pide al Gobierno que los ponga «inmediatamente en libertad» y les conceda «el derecho efectivo a obtener una indemnización y otros tipos de reparación«. Sin embargo, la decisión del grupo de trabajo de la ONU no es vinculante.
El citado grupo reclama, también, una «investigación exhaustiva» y remite el caso a los relatores especiales de la ONU sobre derecho a la libertad de reunión y sobre derecho a la libertad de opinión y expresión. Además, da un plazo de seis meses para que tanto el Gobierno como los denunciantes informen de si se han tomado estas medidas: libertad, indemnización, investigación de la «violación de sus derechos» y aprobación de leyes para que España se ajuste a lo que dice el grupo de trabajo.
El informe asume la totalidad de las denuncias de Junqueras, Cuixart y Sànchez –acusados los tres de rebelión y para quien la Fiscalía solicita penas de 25 años para el primero y 17 años para el segundo y el tercero– y considera que no ejercieron violencia ni incitaron, sino que ejercieron su libertad de expresión.
En ausencia de violencia, continúa, el grupo de trabajo está convencido de que «las acusaciones penales en su contra tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones políticas», «inhibirlos de continuar con esta pretensión» y «justificar» una detención que, a su juicio, se debe sólo al «ejercicio de derechos a la libertad de opinión, expresión, asociación, reunión y participación política».
Con estas conclusiones, el abogado Benet Salellas ha tomado la palabra después de la reanudación de la sesión del juicio tras el descanso para comer y ha informado al tribunal que preside Manuel Marchena de la publicación de este informe del grupo de trabajo de la ONU.
