Ver para creer. Los pajaros disparando a los que cosechan. Cuando la batalla política y jurídica traspasa la frontera del Estado, el Gobierno y el sistema español tambalean.
El dictamen de la ONU que denuncia que se han vulnerado varios artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha provocado la reacción del ejecutivo de Pedro Sánchez, quien no encontró ninguna otra vía para resolver la cuestión que pidiendo la inhabilitación de los cinco expertos del grupo de trabajo que estudió el caso catalán.
En la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo a raíz de la comunicación del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas, la Consejera de la Presidencia y Portavoz del Govern, Meritxell Budó, ha tildado de «surrealista» la decisión del Gobierno: «Nos parece surrealista que en lugar de afrontar lo que dice este dictamen salgan cuestionando los miembros del grupo de trabajo de detenciones arbitrarias. Pedro Sánchez tiene la obligación de dar respuesta a lo que dice el grupo de trabajo «.
El dictamen, que pide al Gobierno que adopte las medidas para liberar a los presos políticos y emprenda medidas contra los responsables, insta al presidente Sánchez, que cumpla «sus obligaciones y de forma inmediata, a que las instituciones del Estado, especialmente la fiscalía y la abogacía del Estado, hagan efectivas a las demandas «
En este sentido, el Gobierno ha recordado que los pactos internacionales «son Ley»: «Lo que está diciendo el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detenciones Arbitrarias es que cumplan los pactos internacionales que firman y que son de obligado cumplimiento»
Tuit de Puigdemont al respecto:
«Como no les ha gustado nada la decisión, que los deja en evidencia ante el mundo civilizado, aplican la receta que nos dispensan cuando no votamos lo que ellos quieren. Apartarnos y suspender. Qué manera de degradar la democracia».
Com que no els ha agradat gens la decisió, que els deixa en evidència davant del món civilitzat, apliquen la recepta que ens dispensen quan no votem el que ells volen. Apartar-nos i suspendre'ns. Quina manera de degradar la democràcia. https://t.co/mur9EeumXT
— Carles Puigdemont (@KRLS) 31 de mayo de 2019
España en ridiculo
Ben Emmerson, abogado que representa a los tres presos políticos catalanes encarcelados, ha pedid a España que excarcele a sus clientes “de inmediato” para cumplir con las conclusiones de un informe de un grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este grupo de trabajo califica de “arbitraria” la privación de libertad de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que están siendo juzgados por la organización del referéndum ilegal de 2017, y pide al Gobierno español que proceda a su liberación.
Se podría pasar del disparate a la desvergüenza con el Gobierno español al cuestionar a los expertos de la ONU, con la repercusión jurídica internacional desde otros paises, y el consiguiente ridículo para la justicia española. Esta es la opinión de Emmerson desde Londres:
“Si España ignora esa decisión o no la implementa de inmediato y al completo estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional”
Aunque la comunicación emitida por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU no es legalmente vinculante, el letrado sostiene que el Gobierno español no debe ignorarla.
Para Emmerson, se trata de la “última palabra” de un organismo amparado por la “autoridad de la ONU” a fin de interpretar las “obligaciones” que marca la legislación internacional.
El grupo, que depende de la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet, pide a España que adopte las medidas necesarias para remediar “sin dilación” la situación de los políticos en prisión preventiva.
“Si los jueces en Madrid les condenan a penas de cárcel, aunque sean de una semana, España estará en curso hacia una colisión con las Naciones Unidas”, ha considerado Emmerson.
El abogado sostiene que para cumplir con la comunicación del grupo de trabajo de la ONU los líderes catalanes deben ser liberados y deben recibir el pago de una compensación por el tiempo que han estado en prisión.
