Lo de Margarita Robles, la cúpula militar y los medios de comunicación va cada día a peor, por eso miedo da leer las noticias relacionadas con Defensa en los diarios españoles. Y es que ayer, 1 de junio, El País publicaba una noticia (varias en realidad por celebrarse el Día de las Fuerzas Armadas 2019) que inicialmente no pudo reconfortarme más: “Defensa impone una multa millonaria por los retrasos del nuevo blindado [8×8]”. Por fin, pensé, por fin la industria armamentista comienza a pagar por sus reiterados incumplimientos, los cuales causan enormes problemas al Ejército, ponen en peligro a sus componentes y suponen costes añadidos que tienen que ser soportados por la ciudadanía. De hecho, el Jefe de Estado Mayor del Ejército (JEME), Francisco Varela, mostraba públicamente su preocupación a finales de febrero de este año por los retrasos del nuevo blindado 8×8.
Sin embargo, la lectura de la noticia resultó bastante desalentadora a pesar del titular aparentemente positivo. En primer lugar, el importe de la multa por cuatro meses de retraso sumaba escasamente 1,2 millones de euros en un proyecto de 3.836 millones de euros. ¿Cómo puede ser que retrasarse cuatro meses en un programa de esta magnitud implique una multa tan insignificante teniendo en cuenta el perjuicio causado? La noticia empezó a torcerse.
Más tarde se confirmaron los peores presagios. En primer lugar, la propia noticia advierte que no era el primer retraso, que se había producido una demora anterior, de noviembre de 2018 a julio de 2019, según esta información, debida a los nuevos requerimientos de Defensa.
Si esta parte de la noticia es verídica no es en absoluto una buena noticia, pues implica que la cúpula militar careció por completo de la suficiente planificación e introdujo una serie de requerimientos que deberían haber sido solicitados mucho antes. La falta de planificación en este caso, teniendo en cuenta la importancia del proyecto, sería completamente injustificable, especialmente porque el proyecto estuvo detenido durante cinco años, de 2010 a 2015, por la crisis (arrancó en 2007). Otro borrón más a añadir a una cúpula militar que muestra negligencia de forma reiterada en la planificación. Recordemos episodios como los vehículos BMR sin inhibidores que costaron la vida a varios militares, el Lince sin pasar la ITV que costó la vida a un militar en Malí en mayo de 2018, este mismo vehículo sin torreta móvil con los muertos y heridos que ello ha causado o los carros de combate Leopardo guardados por cientos en hangares por falta de presupuesto para combustible. Pero es que pudiera ser que este dato fuera falso.
Repasando la hemeroteca resulta que a finales de febrero, como ya hemos comentado con anterioridad, Francisco Varela, el JEME, se quejaba de los retrasos en la llegada de los prototipos del 8×8 y culpaba de ello a la industria armamentista: “El retraso es un muy mal indicador de la industria de Defensa, que no es capaz de cumplir con los compromisos en tiempo”. Las declaraciones del JEME fueron difundidas, quizás por lo inusual, en múltiples foros. Pero ¿no comentaba la noticia que estamos tratando que el retraso se debía a los requerimientos de Defensa?
Pues obviamente uno de los dos falta a la verdad y, lamentablemente, resulta complejo determinar quién, sobre todo porque el mismo día 1 de junio el periodista firmante de la noticia también publicaba en El País una ‘fake’ en portada como pocas veces se ha visto: “El Ejército se refuerza con 7.000 militares por primera vez en democracia”. Pues no, no es la primera vez. Ni es la primera vez en democracia que entran militares por miles ni es la primera vez que se proyecta aumentar el número de militares (la década pasada estaba proyectado un Ejército de 160.000 efectivos) ni sería la primera vez que aumentara el número de efectivos (un artículo del mismo periodista y medio desmiente la noticia explicando que el número de efectivos aumentó de 2000 a 2009).
Retomando la mayor, no se trata de un asunto menor, pues si el retraso obliga a aprobar el contrato de producción de los primeros 348 blindados del total de 998 sin haber terminado las pruebas no los demostradores, tal y como indica la noticia, ello podría generar que los vehículos adquiridos tuvieran problemas, por ejemplo, como los que sufrieron los BMR y otros vehículos con los inhibidores. O los Lince con la ausencia de torretas móviles. Por tanto, determinar quién es el responsable del retraso es una cuestión más que fundamental, especialmente si en el futuro supone un coste añadido tener que hacer modificaciones. Si ha sido la empresa debería ser la misma la que asumiera el sobrecoste.
Por otra parte, y no menos importante, que el ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, apruebe el contrato de producción de un vehículo blindado cuando todavía no han terminado de realizarse las pruebas y que ello sea consentido por la cúpula militar es una temeridad, máxime cuando hablamos de un proyecto de 4.000 millones de euros. Después llegan los submarinos que no flotan y los muertos y hay que poner mucho dinero para subsanar errores y a la justicia militar para ocultar las causas reales de los siniestros.
Además, llama la atención que El País y el mismo periodista asevere que los 998 blindados se adquieren para sustituir a los BMR, puesto que ambos ya informaron en la década pasada (31/7/2008,‘Chacón adelanta seis meses la compra de 100 blindados sudafricanos’) sobre la adquisición de los vehículos Lince y RG-31, unas 575 unidades, para sustituir a este vehículo (en 2007 el entonces ministro José Antonio Alonso inició la sustitución de los BMR por MRAP tras un atentado con seis muertos en un BMR en Líbano).
¿Lo van a sustituir dos veces o nos están tomando el pelo a todos? ¿Por qué en el año 2008 se necesitaban 575 vehículos para sustituir a los BMR y ahora, ya sustituidos una vez, por qué necesitamos 998 unidades?
Por último, según la noticia, el primer contrato de producción que firmará Defensa supondrá la adquisición de 348 vehículos por 2.100 millones de euros cuando el total de vehículos a adquirir es 998 por 3.836 millones de euros. Las cuentas son claras: el coste por vehículo en la compra total son 3,85 millones, pero el coste por vehículo en la primera compra supondrá casi el doble: 6 millones de euros.
¿Por qué estamos pagando de más? ¿Y si después queremos cancelar la compra porque no estamos satisfechos o estamos inmersos en una crisis y no podemos pagar?
Sí, efectivamente, la empresa nos cobra una multa por adelantado, máxime si tenemos en cuenta que de los 3.848 millones que cuesta el proyecto el coste de fabricación solo asciende a 1.500 millones de euros, el resto es el mantenimiento (según Agustín Conde, 1590 millones de euros la adquisición y 2250 millones de euros el mantenimiento para 30 años). Si decidiéramos cancelar la compra del resto de vehículos resultaría que ya los hemos pagado con creces los vehículos, todos, pero no podríamos disponer de ellos. Casi una estafa.
Estas son las negligencias de la cúpula militar y el ministerio de Defensa —que pagamos todos—, y esta es la información que recibimos de un medio como El País. Espero que, al menos, la desinformación sea compensada con algún viaje oficial o una exclusiva. Recordando a David Jiménez, queda claro que en este país, como en Afganistán, los periodistas no se compran, se alquilan. Por ello, ni en la noticia ni en la portada hay rastro de los tres siniestros que el año pasado, en dos semanas, costaron la vida a cuatro militares (tres BMR y un Lince), aunque el primer aniversario de uno de ellos sea precisamente, el 1 de junio, el Día de las Fuerzas Armadas 2019.
Luis Gonzalo Segura es exteniente expulsado por denunciar corrupción en el Ejército de Tierra y autor de ‘Un paso al frente’ (2014), ‘Código rojo’ (2015), ‘El libro negro del Ejército español’ (2017) y ‘En la guarida de la bestia’ (2019).
