Nuevo exito informativo desde LasRepúblicas.com. Esta informó sobre la grave negligencia en el escandaloso caso de Ciberseguridad y la posterior consecución del mismo. El alcance de estas noticias apuntan a las consecuencias profesionales por las que está pasando el General del Aire, José Alfonso Otero Goyanes.
O le ‘apremian’ desde arriba a dejar su cargo en el Ejercito del Aire, o él ‘solicita’ pasar a la reserva de manera evasiva y sin ruidos. Y es que durante su mandato, Otero Goyanes, ha acumulado variadas irregularidades que afectarían a la seguridad en las operaciones del Ejercito del Aire, más inclusive desde su posición como Jefe.
El Jefe del Mando Aéreo General tiene por cometido principal garantizar, en el ámbito de sus competencias, el máximo estado de operatividad de las unidades, bases, aeródromos y acuartelamientos aéreos de los que es responsable orgánico para que puedan operar desde ellas las unidades aéreas de la Fuerza y, en su caso del Apoyo a la Fuerza, proporcionándoles apoyo y seguridad.
Es responsable también de la generación de las fuerzas que requiera la estructura operativa, así como del planeamiento y/o ejecución de las actividades militares que se le encomienden. Pues bien, ese puesto clave dentro de las FF.AA. le correspondía hasta ahora, al General José Alfonso Otero Goyanes. Y decimos, le correspondía, porque ahora está despidiéndose de sus unidades, intentando hacerlo con el menor ruido posible, y pillando a estas casi por sorpresa.
Según información proporcionada por la Asociación Cuestión de Justicia y Honor, la justificación oficial es que el general Otero Goyanes pasaría a la reserva, pero son muchos los “pufos” en los que dicho general ha intervenido con una clara intención de ocultación de la verdad, el último y que podría haber sido el desencadenante sería el escándalo relacionado con la Ciberdefensa dentro de las Fuerzas Armadas.
Cuestión de Justicia y Honor ha podido tener acceso a documentación que demuestra como dicho general teniendo conocimiento de situaciones realmente graves utilizaba todo el poder de su cargo para enterrarlas eludiendo así la responsabilidad de sus jefes de unidad e impidiendo que los damnificados por dichas situaciones pudieran obtener justicia, como ya publicó LasRepúblicas.com.
En concreto, tal como indica esta Asociación, informamos de dos de ellas, la primera tiene lugar en el A. M. de Santiago, una unidad donde se venían produciendo toda una colección de irregularidades, algunas muy graves relacionadas con la seguridad de las instalaciones, que a buen seguro el Sr. Otero Goyanes debía conocer a través de la sección e información interna del Ejército del Aire.
No obstante y a pesar de ello, lejos de exigir las pertinentes responsabilidades a su jefe de unidad, el coronel Pérez Aragón, permitió que este dejara su destino antes de acabar el tiempo de mando escapando a una subdelegación de defensa para eludir tener que imponer medidas disciplinarias al no estar ya ubicado orgánicamente en el Ejército del Aire.
Como medida adicional debió aleccionar al nuevo jefe de la unidad, el teniente coronel Muñoz Mompó, alguien que fue impuesto desde Madrid sin publicación de la vacante y que desde su llegada dirigió todos sus esfuerzos a, intentar atar los cabos sueltos que pudieran sacar a la luz, todas las irregularidades de las que había tenido conocimiento a través de las Sección de Información Interna, utilizando su mando para acallar a todos aquellos que las habían denunciado, seguramente en ello le iba el ascenso a coronel, empleo que ostenta en la actualidad.
Prueba de lo anterior es el archivo que el Sr. Otero Goyánes hace de varios partes por falta grave emitidos por diverso personal de la unidad por la dejadez grave de funciones que venían realizando una teniente y su subordinado directo un brigada. El archivo de dichos partes se hizo en base a unos informes rubricados por el citado teniente coronel quien a tenor de las pruebas podría haber incurrido en falsedad documental con la connivencia y encubrimiento del general Otero.
De ellos el más evidente es el informe que dicho coronel rubricaba en relación a la instrucción policial del personal de la unidad según el cual dicho personal si habría recibido dicha instrucción en contra de los partes que se habían emitido. Pero es mejor que juzguen ustedes.
Dicha afirmación se basaba en el propio plan de instrucción policial y los certificados de haber recibido dicha instrucción, ambos documentos presentados como prueba y firmados por la teniente denunciada.
Se puede observar en la firma digital del Plan de instrucción policial de la Unidad que este fue firmado y puesto en vigor el 04.05.2015. Es importante señalar que no se trataba de una revisión pues hasta ese momento no existía ningún plan de instrucción policial en la Unidad.
Cuando se comprueba la firma, también digital, de los certificados emitidos por la teniente de haber impartido dicha instrucción vemos que la fecha es de 07.05.2015, tres días después.
Pues bien, como indica la Asociación, de un simple vistazo al contenido lectivo del plan de instrucción se sacaba la evidente conclusión, convenientemente ignorada y encubierta por el sr. Otero Goyanes que ordenó el archivo de los partes, que era materialmente imposible que dicha instrucción se hubiera realizado a tenor del número de horas lectivas del plan, y eso sin incluir el tiempo necesario para preparar el material y las condiciones para algunas de las instrucciones a realizar.
Pero es que además de eso para apoyar el hecho aceptado de haberse impartido se tomó declaración sólo a cuatro personas, el brigada denunciado, el jefe de la escuadrilla que no era de la especialidad y había relevado curiosamente al brigada denunciado un par de meses antes, el jefe de la sección de policía y un cabo 1º de dicha sección. Pues bien de esos cuatro el jefe de la escuadrilla afirmaba que en su opinión si se había impartido la instrucción mientras que el jefe de la sección y el cabo 1º afirmaron con rotundidad que dicha instrucción no se había impartido nunca.
A pesar de esto no se tomó declaración a nadie más de los auténticos afectados, el personal de la sección de la policía a pesar de estar tres distintos cada día en la unidad, seguramente porque eran conocedores de que meses antes con motivo de un expediente sancionador al comandante de la unidad habían declarado todos ellos, que dicha instrucción nunca había tenido lugar
Como dijimos antes, juzguen ustedes mismos. Lo más deleznable en este caso es que con el archivo, a sabiendas de la verdad, de estos partes, el Sr. Otero Goyanes no sólo salvaba el trasero de su jefe de unidad sino que además conseguía el fin pretendido de impedir que el comandante pudiera utilizar la resolución para demostrar que lejos del maltrato a una subordinada del que se le acusaba, en realidad se trataba de un claro caso de indisciplina y grave incumplimiento de los deberes de la teniente y de un uso fraudulento de la ley por parte de aquella.
La segunda ocurre en el año 2.017, en la Base Aérea de Zaragoza y afectaba al servicio de Supervisores de Carga (suboficiales) y auxiliares de supervisor de carga (tropa), ambos personal de vuelo. En este caso la polémica surge cuando los auxiliares de supervisor de carga, que venían realizando el cometido de los propios supervisores de carga reclamaron las mismas condiciones económicas que aquellos.
Para hacer esto entendible para el personal ajeno a estos términos, el supervisor de carga de un avión es la persona responsable de que la estiba del material que transporta la aeronave esté perfectamente colocada para maximizar el espacio y sobre todo conservar el centro de gravedad del aparato, lo que de no hacerse bien acarrearía graves consecuencias para el manejo de la aeronave que en un caso crítico podría acabar en accidente aéreo. En este sentido se podría volar sin auxiliar de supervisión de carga pero nunca sin el supervisor.
Lo que venía ocurriendo es que se estaba realizando misiones sin el supervisor de carga, volando sólo con el auxiliar de supervisión de carga, descargando en este no sólo las funciones del puesto de trabajo de aquel sino también la responsabilidad que conllevaba. Este fue el motivo de las reclamaciones relativas a las condiciones económicas del puesto.
En relación a esto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón 00148/2017, que además coincidía con la postura oficial del Jefe de Estado Mayor del Aire, dentro de los fundamentos de derecho rezaba así:
Así, a pesar de que tanto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón como el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA), reconocían esa falta de preparación y sobre todo de responsabilidad, el sr. Otero Goyanes siguió permitiendo que personal sin la preparación adecuada ni con la responsabilidad necesaria, continuase asumiendo por imposición del mando, esta vez bajo las órdenes del Coronel Melencio Quiñones, dichas operaciones, hasta en 648 misiones reconocidas por el propio JEMA, y no solo en la unidad con la última tecnología en aviones de transporte (el Ala 31 alberga el Airbus A-400), sino también en el Ala 35 de Getafe, tal y como se recoge de la respuesta realizada por el portal de la transparencia a la solicitud de estos datos (EXP. 001-026244).
Prueba de que los Jefes de unidad conocían esta situación, y por ende el sr. Otero Goyanes, es la existencia de planes de vuelo donde siendo el jefe de tripulación el propio jefe de unidad se realizaba la misión sólo con el auxiliar de supervisión de carga. Los tres primeros corresponden a los puestos de piloto (los dos oficiales) y el tercero al mecánico de vuelo (suboficial) distinto del puesto de supervisor de carga.
Nuevamente dejamos que el lector juzgue por sí mismo.
Las situaciones antes denunciadas dieron lugar a una serie de acosos laborales para acallar a los que estaban denunciando la situación, que siendo perfectamente conocida por el Sr. Otero Goyánes ha sabido silenciar manteniendo la “intocabilidad” de sus jefes de unidad, dando una imagen de normalidad dentro del Mando Aéreo. Para ello ha contado con la colaboración indispensable de los servicios Jurídicos del Ejército del Aire y la Sanidad Militar, quienes han revestido de una imagen de indisciplina o inadaptación a los hombres y mujeres que bajo su bastón de mando se atrevían a poner en conocimiento del mando las malas praxis de sus jefes.
Esta es la catadura moral del militar español del que venimos hablando.
En el plano de las irregularidades en la administración de los recursos a su cargo, el General Otero, una vez más ha mirado para otro lado, obligando a sus hombres a adelantar dietas para realizar las misiones o cuando se ha denunciado las malas prácticas de los Coroneles del Aeródromo de Santiago, en la contratación de obras, obras que se contrataban como suministros menores en lugar de contratos de obra menor. Esto les permitía tener el control total sobre el contrato pues sólo estaban obligados a presentar un presupuesto, no se nombraba director facultativo (director de obra) y ni siquiera se realizaba estudio básico de seguridad y salud.
Ahora este General, que parece hacer honor al apodo con que sus oficiales le bautizaron “El Zorro Plateado”, ha demostrado la astucia propia y la especial habilidad de dicho animal para realizar una “gran evasión” a tiempo.
A buen seguro el Sr. Otero Goyánes y su superior el Jefe de Estado Mayor del Aire habrán sabido convencer a la señora Ministra de Defensa para que al menos le dé una salida “honrosa”, aunque sea de manera precipitada y por la puerta de atrás, pasando a la situación de reserva.
¿Le esperará también algún cargo especial en compensación a sus “especiales” servicios como el que ya se diera al anterior JEMA el Sr. García Arnáiz o como el Ex jefe del MACOM el General Ferrer, o el General Mestre?
