Las defensas de los Presos Políticos del Procés están ganando por goleada a la Fiscalía en sus intervenciones finales. Marina Roig, abogada del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha defendido en su alegato final ante el tribunal que juzga el proceso independentista las manifestaciones, concentraciones y protestas que tuvieron lugar en el otoño de 2017.
Todo ello, en el marco de la convocatoria del referéndum democrático del 1 de octubre, defendiendo que todas esas movilizaciones se enmarcan en el derecho de reunión, llegando a decir que «la defensa de la unidad de España no puede suponer el sacrificio de los derechos fundamentales».
«En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre Cataluña y España y una parte de la ciudadanía respondió a ese conflicto como corresponde a una sociedad democrática, saliendo a la calle para pedir a los políticos que actúen con responsabilidad y afronten el conflicto, y lo hizo sin violencia», ha subrayado Roig.
La letrada, que ha expuesto sus argumentos muy rápidamente, sin casi pararse a tomar aire, ha indicado a los siete magistrados que juzgan el ‘procés’ que con esta exposición no está «minimizando» los hechos ocurridos en el otoño de 2017 en Cataluña, sino «situándolos en su justo término». «Debemos sentirnos orgullosos de la ciudadanía que salió a la calle», ha remarcado.
En la primera parte de su intervención, Roig ha mencionado varios informes internacionales para hacer un alegato sobre el derecho de reunión y ha reprochado a las acusaciones que entiendan las movilizaciones que tuvieron lugar en Cataluña como protestas de «contenido antidemocrático» y que las «utilicen» como prueba.
«La acusación no puede arrogarse la propiedad de la Constitución. No hay Constitución sin democracia y no hay democracia sin movilización ciudadana», ha manifestado.
