El juicio por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas arranca hoy en la Audiencia Provincial de Madrid, donde se juzgará a la extesorera ‘popular’ Carmen Navarro, al abogado Alberto Durán, al informático José Manuel Moreno y al PP, primer partido en estar acusado penalmente como persona jurídica.
Una vista oral que se celebra más de un año después de que la juez instructora de Madrid, Rosa María Freire, enviara el caso a juicio al considerar que existen claros indicios de que los documentos almacenados fueron eliminados «a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y rallado hasta su destrucción física». Por ello, la extesorera, el abogado y el informático están acusados por los delitos de encubrimiento y daños informáticos y el partido sólo por el segundo de ellos.
El juicio no será retransmitido en directo por señal institucional, sino que sólo habrá «grabaciones mudas captadas en los momentos previos al inicio de las sesiones, con planos de los acusados posteriores o laterales». El juez Eduardo Muñoz de Baena, que dirigirá la vista, ha accedido a la petición realizada por los acusados y que fue apoyada por la Fiscalía, que precisamente no ejerce ninguna acusación en este procedimiento.
El magistrado reconoció en su auto que es «lógico y notorio el interés social y mediático» de este juicio dado que uno de los acusados es «un partido político con representación parlamentaria» y por ello permite que los medios de comunicación puedan acceder a la sala de vistas para informar sobre el desarrollo del juicio.
Y es que el PP es el primer partido que se enfrenta a una acusación penal, pues en la trama Gürtel tan sólo fue considerado partícipe a título lucrativo por beneficiarse ilícitamente de las actividades de los exalcaldes Guillermo Ortega y Jesús Sepúlveda, por lo que fue obligado a pagar una multa de 245.000 euros.
Solo acusación popular
En este caso no existe la acusación particular debido a que el propio Bárcenas se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público -fiscalía- solicita el sobreseimiento y archivo de la causa por entender que vergonzosamente aquí no existen «indicios relativos a ciertos extremos esenciales». Además, considera que la única versión que existe sobre los hechos es la del extesorero, que, en su opinión, es «inverosímil y contradictoria».
Por ello, la Fiscalía cree que los cuatro acusados no deben ser juzgados enfrentándose sólo a las peticiones que solicitan las acusaciones populares, que en este caso las ejercen Izquierda Unida, Adade y el Observatori Desc, sino que considera que debería aplicarse la ‘Doctrina Botín’, que recibe el nombre del banquero fallecido Emilio Botín, que evitó sentarse en el banquillo en una situación similar. En caso de que el juicio se celebre, el Ministerio Público pide la absolución.
Izquierda Unida es la acusación popular que interesa las condenas más severas para los acusados. Solicita que el PP sea penado con una multa de 10,9 millones de euros por dos delitos de daños informáticos y que a Navarro, Durán y Moreno se les imponga cuatro años y medio de prisión por estos dos delitos de daños en concurso con el de encubrimiento.
Por su parte, el Observatori Desc solicita para la extesorera del PP la pena de dos años de cárcel por un delito de daños informáticos y encubrimiento; mientras que para el abogado y el informático ve necesaria la imposición de una condena de un año y once meses y un año y diez meses, respectivamente, por las mismas conductas penales. En cuanto a la formación política pide la suspensión de sus actividades por un plazo de seis meses y prohibición de recibir donaciones durante cinco años.
Asimismo, estas dos acusaciones consideran necesario que los cuatro acusados indemnicen a Bárcenas como perjudicado con la cantidad que reclame.
Por último, Adade pide que la formación política sea multada con 109.500 euros por el delito de daño informático y que la extesorera y el abogado sean condenados con dos años de prisión por ese delito y el de encubrimiento; mientras que para el informático estima solo un año de cárcel.
Cinco sesiones
El juicio está previsto que se celebre en cinco sesiones repartidas entre los jueves y viernes de este mes de junio. La primera sesión está reservada para las cuestiones previas, trámite en el que las partes manifiestan sus alegaciones para aportar o rechazar pruebas o exponer sus motivos por los que la causa debe ser anulada.
Una de las cuestiones que tendrá que resolver el magistrado Muñoz de Baena es si finalmente accede a la petición que ha hecho Izquierda Unida para que, al menos, haya imágenes de la sesión inicial y de la última (28 de junio), en la que las acusaciones y defensas realizarán sus informes de conclusiones y los acusados harán uso de su última palabra, si así lo desean.
También deberá aclarar, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, el modo en el que Luis Bárcenas comparezca como testigo, pues él mismo solicitó hacerlo vía videoconferencia para evitar el traslado desde la prisión en la que se encuentra cumpliendo la condena de 33 años y cuatro meses impuesta por la Audiencia Nacional por la primera época de actividades de la trama Gürtel. Asimismo, pidió poder declarar con la asistencia de su abogado.
Barcenas y Cospedal, como testigos
Aunque retiró la acusación, el extesorero ‘popular’ no se librará de comparecer ante el juez, pues tanto Adade como IU le han citado a declarar como testigo para que cuente su versión sobre la destrucción de los dos ordenadores que usaba en la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Está citado el próximo 20 de junio.
Este mismo día también está previsto que acuda a la Audiencia Provincial la que fuera ‘número dos’ del PP María Dolores de Cospedal, a petición de las tres acusaciones por su «condición de superior jerárquica» sobre el informático y la extesorera. Precisamente el escrito de IU y Desc añaden que la exministra de Defensa adoptó la decisión con Navarro de «prohibir la entrada» a Luis Bárcenas a la sede de los ‘populares’, hecho que desencadenó esta causa que ahora se juzga.
Además, las tres destacan que Cospedal habría tenido «conocimiento de los hechos investigados» por la declaración que prestó como testigo ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, durante la instrucción del caso Gürtel y los denominados ‘papeles de Bárcenas’, que aún no ha concluido.
