La corrupción en las Fuerzas Armadas de España, es algo que está instaurada desde que se pierde en la memoria. Sea en el escalafón o destino que sea, sigue latente y nadie hace nada por evitarla. Los excesos y privilegios de los mandos, vienen de arriba abajo, sin ningún remordimiento a la hora de llevarla a acabo.
Desde aquí les informamos de nuevos casos gracias a la colaboración de la Asociación Cuestión de Justicia y Honor. Iniciamos con esta 1ª parte, una serie de tres artículos sobre los ‘Cortijos’ militares y explicamos en qué consiste un cortijo militar, cómo funcionan sus creadores y cómo se defienden ante el peligro de perder su status quo.
Un “cortijo” en la jerga castrense suele referirse a una unidad pequeña en la que, normalmente, se encuentra personal con un largo período de presencia en el destino, y que, poco a poco han ido consiguiendo una serie de privilegios no reglados y muchas veces en contra de las leyes y del bien del servicio. Suele coincidir, además, con destinos en apariencia tranquilos donde compensar a oficiales de alto rango que llegando al final de su carrera no han podido ascender más.
Para no hacer esta presentación excesivamente larga se va a entregar en tres partes describiendo un caso específico y real del funcionamiento de un “cortijo”. Concretamente, vamos a presentar el del A. M. de Santiago, del cual, Cuestión de Justicia y Honor ha tenido acceso a diversa documentación que apoyaría lo anterior.
Esta Unidad, hasta el 2014, estaría constituida por un personal del que habría que destacar una segunda al mando; la teniente Carballido Gómez, que lejos de preocuparse por solucionar los auténticos problemas de su puesto de trabajo mostraba un especial y desmesurado interés por ser quién gestionara personalmente la cocina y el bar de la unidad (amén de los proveedores), a pesar de que por norma eran competencias que no le correspondían, y una plantilla de suboficiales que podría decirse dividida en dos bandos; uno fiel cumplidor de sus obligaciones y defensor de los intereses de la institución, y otro, que miraba más por sus intereses que por cumplir esas obligaciones.
En este segundo bando, hablamos de un suboficial mayor, Ramón Íñiguez. Amigo personal de la teniente, que siempre se encargaba de defender y camuflar todos los abusos de ésta presentando una versión desvirtuada y beneficiosa para la misma ante el jefe de unidad, mientras paraba las quejas que pudieran llegar del resto de suboficiales y tropa, al mismo tiempo que le servía de conducto extraoficial para llegar con sus quejas y peticiones viciosas al jefe de unidad cuando el puesto de segundo al mando estaba ocupado por el auténtico titular.
Este suboficial mayor, a la llegada del nuevo comandante a la unidad (auténtico segundo al mando), no dudó en intentar manchar su imagen tildándolo entre los subordinados, y se cita textualmente, de “cáncer para la unidad”.
Esta actitud es algo vital para el mantenimiento del “cortijo”. Al jefe de unidad, que es cambiado cada dos años, se le mantiene desinformado hasta que se consigue hacerle partícipe en alguna de las irregularidades uniéndolo a la causa, o se le convence de la necesidad del status quo.
Y cuando aparece alguien imponiendo orden y demostrando que dicho sistema no sólo no es necesario, sino que además va en contra de norma, se aprovechan todos los cauces posibles para presentarlo ante el jefe de unidad como el auténtico problema de esta; alguien que genera conflictos y división cuando son ellos, los beneficiarios, los que en realidad provocan este ambiente para dar fuerza a su versión. En cualquier caso, esto no exime las responsabilidades del propio jefe de unidad.
En cuanto al resto de suboficiales que formaban este grupito, tenemos un jefe de infraestructuras, el brigada Adolfo Pérez Castro amigo de la teniente, quien llevaba años camuflando como contratos menores lo que eran contratos de obra menor para poder asignar las obras de la unidad a la misma empresa en exclusividad sin la existencia siquiera del estudio básico de seguridad y salud; un responsable de PRL, el brigada Miguel Pérez Castro hermano del anterior, que justificaba deficiencias para poder adquirir material y herramienta en exclusividad asignando la concesión sin la supervisión del habilitado.
Este mismo brigada había sido designado por la teniente para gestionar el bar, algo a lo que se negó cuando el comandante le indicó que iba a exigir el cumplimiento de la Ley en el control del dinero; un jefe de policía y segundo de la teniente, el brigada Manuel Varela Carderio, amigo personal de aquella, que ocultaba al mando todas las carencias del personal de la unidad, y en especial del que estaba bajo sus órdenes directas, no sólo en lo relativo a la instrucción (más de dos años sin instrucción de tiro y ningún tipo de instrucción en general), también en relación al material policial necesario.
Como se dijo antes, la actitud de entorpecimiento, engaño y presentación de aquel que intenta devolver el “cortijo” a lo que sería de nuevo una unidad militar, es vital. Así, en este caso, al no poder desvirtuar ni manchar la imagen del nuevo comandante y aprovechándose de la reciente publicación de la ley de protección de género dentro del Ejército del Aire, en un claro acto de connivencia, entre todos ellos procedieron a aprovecharse del claro beneficio que éste ofrecía a la teniente para montar un caso de maltrato por razón de género.
La teniente buscó una excusa para solicitar una baja psicológica solicitando la contingencia profesional y señalando al comandante como responsable directo por haberle dispensado un inexistente maltrato por razón de género, eludiendo así las responsabilidades disciplinarias en las que había incurrido por su grave, negligente y absoluta dejadez de funciones.
A pesar de que todo esto, era conocido por el jefe de la Unidad, el coronel Pérez Aragón, a partir de la baja de la teniente, y para evitar ser incluido en una previsible denuncia de esta última por razón de género, empieza a tomar decisiones en un claro beneficio de la misma y en perjuicio del comandante, como ignorar las responsabilidades disciplinarias de la teniente y favorecerla en la medida de lo posible en cuantos escritos e informes tuvo que hacer, además, empezó a proteger a los amigos de esta y posibles testigos a su favor permitiendo que volviesen al status quo anterior a la llegada del comandante.
La previsible denuncia (pues eludir ser denunciado sería la forma de conseguir la colaboración del jefe de unidad en este caso) fue interpuesta por la oficial sólo contra el comandante, a pesar de la evidente responsabilidad que debía tener el jefe de unidad de haber sido cierto, después de que el coronel Pérez Aragón le reconociese a la teniente la contingencia profesional y corrigiera muy al alza la evaluación profesional que el comandante le hizo basada en su total falta de profesionalidad.
No vamos a entrar en los detalles del acoso que vino sufriendo desde ese momento el comandante y todo aquel que le apoyara, pero sí vamos a dejar constancia de que, durante el 2016, un cabo primero que en enero de ese mismo año había presentado un parte por escrito contra la teniente y su brigada por dejadez de funciones, parte que fue acallado por el coronel Pérez Aragón, entró en contacto por mero azar con el servicio de información interna del EA. Dicho servicio viene a ser una especie de asuntos internos dentro del EA que sirve para tener informado al Jefe de Ejército del Aire de lo que realmente pasa en sus unidades a fin de que pueda tomar las medidas correctoras pertinentes…
O eso creían, pues como ya veremos en la segunda entrega, dicha información no se utilizó para corregir el problema y dispensar justicia, sino para acallarlo todo.
