El Gobierno ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra ante los tribunales la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez, según ha informado este jueves el Ministerio de Asuntos exteriores, UE y Cooperación.
En su recurso, la Abogacía pedirá medidas cautelares para evitar que se produzcan actividades «perjudiciales para los intereses del Estado», porque -según el Ministerio capitaneado por Josep Borrell que parece haber entrado en pánico- la experiencia demuestra que estas oficinas «están siendo un instrumento fundamental para promover las tesis del secesionismo y denigrar la imagen internacional de España».
Informe desfaborable
De hecho, el Ministerio que dirige en funciones Josep Borrell remitió el mismo martes a la Generalitat un informe desfavorable a la apertura de esas tres oficinas porque considera que, en estos momentos, es «lesiva para los intereses del Estado«, teniendo en cuenta «el objetivo declarado del actual Gobierno de la Generalitat de emplear todos los medios a su alcance para la llamada internacionalización del ‘procés'».
Eso, subraya Exteriores, va «en claro perjuicio de la política exterior del Estado», cuya dirección compete al Gobierno central, «y del normal desarrollo de las relaciones internacionales» que es competencia estatal exclusiva según el artículo 149 de la Constitución.
Así, aunque el Gobierno central reconoce la competencia autonómica para abrir oficinas en el exterior para promover sus intereses, subraya que «la actuación de tales oficinas debe atenerse al marco constitucional español».
Por eso, añade, si una comunidad autónoma desarrolla actividades exteriores «al margen de su marco competencial y sin respeto a los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y servicio al interés general causa en sí misma un perjuicio a la política exterior del Estado».
Exteriores dice que es una Ley del PP
No obstante, el informe del Gobierno es preceptivo pero no vinculante, tal como establece el artículo 12 de la Ley de Acción Exterior del Estado, de manera que no impide a la Generalitat abrir esas oficinas.
Después de que el PP anunciase el miércoles una ofensiva parlamentaria para reclamar al Gobierno que las cierre, Exteriores ha recordado que la ley en cuestión «fue aprobada durante el Gobierno del Partido Popular, que contaba entonces con mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado».
El pasado otoño, el PP registró en el Congreso una propuesta para reformar su propia ley, que no llegó a debatirse antes de la disolución de las Cortes, y el Gobierno socialista afirmó en una respuesta parlamentaria que la ley presenta «puntos mejorables», precisamente por el hecho de que el informe no es vinculante.
El Estado como ‘organización’ está detras al haber recurrido seis más
El TSJC ya tiene en sus manos desde septiembre un recurso contra las primeras seis delegaciones abiertas por el Govern de Quim Torra -en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia y Francia-. Exteriores las recurrió por un motivo formal, porque se abrieron sin el informe previo al que obliga la ley. El Govern alegaba que era una reapertura de oficinas cerradas por la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Después llegó una segunda tanda de oficinas, en Viena, Tallin, Zagreb, Lisboa, Estocolmo y Beirut. En noviembre, Exteriores informó en contra de su apertura, por considerar que «su objetivo claro y manifiesto, declarado de modo reiterado» por la Generalitat, es «apoyar fines manifiestamente contrarios a los principios y objetivos de la política exterior de España». Sin embargo, como el informe no es vinculante, la Generalitat siguió adelante con ellas.
Ahora, las de Argentina, Túnez y México conforman la tercera oleada de estas delegaciones, que acabarán también en los tribunales y, previsiblemente, no solo por motivos de forma.
