Como indicábamos en la 1ª parte, desde el verano del 2016, un cabo primero de la unidad venía detallando puntualmente al servicio de información interna del Ejército del Aire, no solo todas las irregularidades e incumplimientos que había venido realizando la teniente, sino, además, la situación de protección y ocultamiento de responsabilidades disciplinarias que el coronel dispensaba a determinados suboficiales, y el acoso, arrinconamiento y desprestigio profesional al que sometía al comandante y a él mismo. Llega incluso a entregarles un dosier formado por seis librillos; el primero, informando de todo lo anterior y los otros cinco, formados por documentos oficiales que confirmaban lo que se contaba en el primero (Imagen A).
Y aquí es donde queda patente lo vital que para el mantenimiento del status quo del “cortijo” resulta la colaboración e implicación del jefe de unidad como parte de “los intocables del MINIS-DEF”, pues según el bando por el que se decline, así será la actuación del mando.
En relación a lo anterior, Cuestión de Justicia y Honor ha tenido acceso a un archivo de audio en el que el coronel Pérez Aragón, ante su comandante y un oficial de la Guardia Civil, de forma clara e inequívoca mostraba el conocimiento que tanto dicho coronel como, a buen seguro, el mando a través de él, tenían de las actitudes militares y aptitudes profesionales de la meritada teniente. En este audio, dicho coronel refiriéndose a la teniente Carballido dice:
“Sí, a lo mejor no sabe estar sí. He visto que en ocasiones no sabe estar… lo que se pide de un oficial… y saber que hasta dónde se puede llegar. Todos sabemos… sabemos movernos, cuando se puede pedir un favor y cuando no, ¿sabes? Y eso, a lo mejor ella no lo tiene definido…”
También ha accedido a documentos que demuestran que el sr. Pérez Aragón era conocedor de toda la grave dejadez de funciones de la misma. (Imagen B).
Dicho coronel, en un claro acto de cobardía, por miedo a ser incluido en la previsible denuncia de la teniente, ocultó intencionadamente junto con el mando estas “actitudes” y “aptitudes” en todos los escritos y procedimientos relacionados con el expediente incoado al comandante, a los solos efectos de poder argumentar un claro caso de maltrato presentando a la denunciante como víctima y no como la oficial indisciplinada e insubordinada que en realidad era, una oficial que además, sí que había protagonizado varios episodios conocidos como “falta de respeto” a sus subordinados (Imagen C).
Esta situación terminó con el desmoronamiento del comandante quien solicitó una baja psicológica el 23 de diciembre de 2016, tras lo cual, todos los esfuerzos del personal que había venido saboteando al comandante, y en especial el coronel Pérez Aragón, se volcó buscando también el desmoronamiento del cabo 1º antes mencionado, así como de otro compañero suyo que también había denunciado la situación.
Es a partir del posicionamiento del jefe de unidad que se pusieron en marcha todos los resortes de la institución para enterrar y ocultar todo lo que había pasado en la unidad.
En relación al expediente, y tras demostrar el comandante que las acciones concretas que la teniente le achacaba eran falsas; al no poder sancionarle por maltrato por razón de género, sin entrar en más detalles, al comandante se le sancionó por consentir las acciones de un tercero sin haber siquiera iniciado expediente sancionador contra el supuesto autor de los hechos, a pesar de las pruebas presentadas por el comandante que también desmentían dicha acusación.
Esto, en sí mismo, supone un atentado contra cualquier estado de derecho, pues significa que se determinó la culpabilidad del supuesto autor de las acciones sin que este en ningún caso pudiera comparecer y defenderse. Este suceso, que es de una gravedad superlativa, posteriormente fue refrendado por la ministra de Defensa Maria Dolores Cospedal y por el Tribunal Militar Central.
Este es el concepto de justicia que parece existir en la jurisdicción militar y el posible motivo de que se mantenga este sistema.
A la teniente Vanesa Carballido Gómez, como parte del protocolo de protección se le nombró una comisión de servicio fuera de la unidad, casualmente en la Subdelegación de Defensa de Pontevedra, cerca de su domicilio en Vigo, desde donde tenía que desplazarse todos los días hasta Santiago. A pesar de que antes de terminar la comisión, el comandante fue cesado en la unidad desapareciendo el supuesto motivo del maltrato por razón de género, a ésta se le confirmó dicha plaza de forma permanente; una plaza a la que nunca hubiera podido optar en condiciones normales.
Al coronel Manuel Pérez Aragón se le “permitió” solicitar vacantes a los dieciséis meses, antes de cumplir el período de mando (dos años), asignándole finalmente la jefatura de la Subdelegación de Defensa de Granada en su tierra, dependiendo disciplinariamente del órgano central, lo que justificaría la no actuación del Jefe de Estado Mayor del Aire contra él al no estar ya bajo su mando directo. Al menos en teoría, porque podía haber vetado la asignación del destino y porque, si no podía actuar directamente, su obligación era dar parte al subsecretario de defensa para que este lo hiciera.
Dicho coronel tenía que haberse presentado en su nuevo destino a principios de febrero de 2017, pero se le mantuvo en Santiago hasta principios de marzo al no haber ningún coronel designado para cubrir su vacante y encontrarse el comandante de baja imposibilitado para ejercer de jefe accidental.
Durante este mes, el EA nombró como nuevo jefe a un teniente coronel, Manuel Muñoz Mompó, al que se le aleccionó convenientemente sobre todo lo ocurrido en la unidad. La elección de dicho teniente coronel no pudo ser casual, pues ya había entrado en evaluación para el ascenso a coronel en dos ocasiones sin conseguir el deseado ascenso, siendo esta la última oportunidad que tenía para conseguirlo. No vamos a entrar a valorar si se impuso o no a dicho teniente coronel, casualmente hoy coronel, como condición para el ascenso el conseguir enterrar todo lo que había pasado en la unidad, pero sí diremos que antes de asignarle la vacante, tuvo una reunión con el personal de información interna del EA donde, entre otras cosas, le mostraron los librillos que en su día les entregó el cabo 1º, por lo que Muñoz Mompó, al momento de su presentación en la unidad, no sólo conocía la realidad de la misma, sino que también tenía identificados a aquellos miembros de esta a los que debía anular si tenía que ocultar todo lo sucedido, lo que, finalmente, procedió a hacer.
Amenazó al nuevo jefe de la Policía Aérea, el cual le había informado a su llegada de la falta de instrucción policial del personal, con sancionarle si daba parte del asunto; a pesar de estar de baja psicológica, citó en su despacho al cabo 1º que había venido informando a inteligencia interna intentando atemorizarle con sanciones disciplinarias a fin de conseguir su silencio; acalló todas la quejas por escrito que se habían producido en la unidad manteniendo su archivo a pesar de ser conocedor de la realidad, de hecho, dio por buena la resolución a una queja que el cabo 1º había presentado ante el general del MAGEN sobre el anterior coronel, Pérez Aragón, que lejos de ser remitida a la autoridad correspondiente fue resuelta por el propio coronel del que se presentaba la queja… Pero la acción más clara, y la que demuestra la connivencia y necesaria colaboración de los mandos superiores del EA, el sr. Otero Gollanes, y el Sr. Javier Salto junto con su antecesor García Arnáiz, se lleva a cabo cuando, ante un parte presentado por el comandante contra la teniente Carballido y su amigo el brigada Varela por grave dejadez de funciones en la instrucción policial, entre otras, el hoy coronel Muñoz Mompó firma y valida un informe realizado por el teniente Baraja Fernández, alguien con especial interés en desmentir los hechos pues era responsable de esa misma dejadez con anterioridad a la propia teniente, desmintiendo el parte y realizando falsedad en documento público, y archivando aquellos todos los partes.
