Este jueves 27 de junio hemos sabido de la condena de un mando militar por el brutal acoso sexual que cometió sobre una militar, la cual todavía a día de hoy sufre las terribles secuelas del trauma. Estrés postraumático, para ser exactos, que es el síndrome que sufren aquellas personas que han vivido atrocidades durante una guerra, solo que esta militar jamás estuvo en el campo de batalla. Estuvo en una institución, el Ejército español, que la desamparó ante un pervertido que la acosaba sexualmente y se masturbaba delante de ella a razón de unos quince episodios al mes durante dos años. Terrible.
Una condena con muchas trampas
Una condena siempre es una condena y hay que celebrarla, pero en este caso existen demasiadas trampas. En primer lugar el condenado no es oficial, sino suboficial —subteniente que al pasar a la reserva asciende a teniente— y en segundo lugar es un militar, como acabamos de comentar, próximo a la jubilación. ¿Se habría producido una condena en el caso de tratarse de un oficial joven —comandante de 35 años, por ejemplo— o un oficial de alto rango —coronel o teniente coronel de 50 años—? Hubiera sido más complejo, pero de producirse, la condena no habría sido tan alta, porque ello habría supuesto su expulsión. Dato: nunca un mando militar ha sido expulsado por violencia contra la mujer.
Un tercer elemento a tener en cuenta es la atención mediática, pues en este caso, algo extremadamente inusual, existían medios de comunicación pendientes, lo que se ha debido a que el abogado de la víctima, Suárez Valdés, es además la pareja de Begoña Villacís y sacar a la luz este tipo de casos contribuyen a erosionar al gobierno, en este caso el PSOE, y por tanto benefician al partido de su pareja, Ciudadanos.
Demasiadas sombras
Hasta que el caso saltó a los medios de comunicación, todo lo que lo envolvía era sombrío. Los mandos militares de la víctima, en especial un comandante, ignoraron las repetidas denuncias e incluso la nombraron servicios comprometidos como ser conductora del mando militar que ella denunciaba que la acosaba. No solo no la creyeron, sino que no tuvieron capacidad como para trasladarla por si fuera verdad lo que ella denunciaba.
La actuación de los jurídicos no fue mucho mejor, pues cuando ella consiguió fotografiar al subteniente masturbándose el jurídico militar le recomendó no denunciar. Y la del ministerio de Defensa con Margarita Robles a la cabeza solo puede ser calificada de nefasta: la expulsó por insuficiencia de condiciones psicofísicas en mitad de un proceso judicial que ni siquiera se había resuelto.
Demasiadas luces
En este contexto maniobró con gran habilidad el abogado de la víctima, tanto para beneficiarla como para erosionar al PSOE, y entonces se hizo la luz. Demasiada luz. El ministerio de Defensa, ante el escándalo, rectificó y la justicia militar hizo lo que en raras ocasiones hace —condenó— y con una dureza absolutamente inusual —por encima de los tres años de prisión—.
El gran beneficiado de la condena, obviamente, es la justicia militar, pues con este caso ha conseguido una campaña mediática por la que habrían pagado. Pero la realidad es mucho más tétrica que la merecida condena que ha sido impuesta al depravado mando militar y la responsabilidad sobe la falta de visibilidad del conjunto solo puede achacarse a los medios de comunicación. Medios que muestran el árbol mientras ocultan el bosque, que presentan la pieza, que tanto les reporta a nivel audiencias, pero obvian el puzzle que tantas incomodidades generarían a los que les mandan.
La tétrica realidad
Porque el mensaje de la justicia militar a las mujeres es tétrico: ‘Deja que te acosen, agredan o violen y si no te gusta, márchate, pero no denuncies’. Los datos hablan con meridiana claridad al respecto. Así queda demostrado en el ensayo crítico ‘En la guarida de la bestia’.
En los últimos tres años, de 2016 a 2018, se produjeron noventa denuncias por acoso o agresión sexual de las que se habían resuelto 43 con resultado de ninguna condena. Cero de noventa. Esta es, por tanto, de las denuncias interpuestas en ese período la primera condena. Uno de noventa, esto es un 1%, no parece que permita celebrar absolutamente nada.
Hasta el 31 de diciembre de 2015 la situación no fue mejor: 21 condenas de 174 casos (aunque hay que matizar que no solo de acoso sexual, sino de otro tipo de acosos). La tasa de condenas sería del 12,5%, es decir una de cada diez. Tampoco es para tirar cohetes. Pero si tenemos en cuenta que de esas 21 condenas solo 12 son por acoso o agresión sexual, la situación todavía empeora más.
Por tanto, hasta la actualidad se han producido 13 condenas por acoso sexual en las Fuerzas Armadas de un total de entre 152 y 264 casos, lo que supone una tasa de condenas que oscilaría entre el 8,5% y 4,9%. Ni siquiera una de cada diez.
Urge una solución
En esta situación tan dramática, yo que estoy en contacto de muchas de las víctimas puedo atestiguar la situación por la que pasan y como algunas de ellas han llegado a intentar suicidarse mientras me escribían, urge una solución. Y esta no es absoluto compleja: restringir la justicia militar a tiempos de guerra, estado de sitio o conflicto armado internacional.
Por desgracia, este es el debate que los grandes medios de comunicación no están propiciando y el que debemos trasladar entre todos. La justicia militar española no solo es un privilegio heredado del franquismo, un anacronismo por tanto, sino que también constituye vulneración de los principios de independencia e imparcialidad necesaria (vulnera varios principios —del 13 al 17– del Informe Decaux de la ONU, 2006) y una anomalía en Europa, pues la justicia militar no es que haya sido restringida en la mayoría del Viejo Continente, es que ha sido eliminada: Alemania, Austria, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca…
