ERC y JxCat quieren que el ministro de Asuntos Exteriores en funciones, Josep Borrell, comparezca en una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso para dar explicaciones por lo que han llamado «el caso del espionaje» en las delegaciones exteriores de la Generalitat.
Ambas formaciones quieren que Borrell rinda cuentas ante las informaciones de ‘eldiario.es’ y TV3 basadas en la documentación que la Abogacía del Estado ha aportado al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), según la cual la acción exterior de la Generalitat en el extranjero estaba siendo controlada por el Gobierno central.
De momento, Exteriores ha eludido hacer comentarios sobre lo que son procesos judiciales en curso y sobre informaciones relacionadas con lo que define como «documentación reservada» que, a su juicio, «nunca debieron haberse filtrado».
Eso sí, desde el departamento que dirige Borrell también han recordado que su deber es «vigilar de cerca» que las delegaciones catalanas en el exterior no intenten «menoscabar la imagen de España» ni impulsar el proceso independentista, así como detectar el uso indebido de fondos públicos para esos fines.
Con el objetivo de que Borrell dé explicaciones durante el verano, sin tener que esperar a septiembre, los dos partidos independentistas han unido fuerzas para solicitar que la comparecencia de Borrell se debata en una reunión de la Diputación Permanente.
La Diputación Permanente es el órgano que decide sobre la convocatoria de los plenos o las comisiones que demanda la oposición durante los meses de julio, agosto y enero. Pero la que funcionará durante esta legislatura todavía no se ha constituido y no prevé hacerlo hasta el próximo día 23.
Una vez se ponga en marcha, tendrá que reunirse para debatir y votar sobre las comparecencias extraordinarias que planteé la oposición, como esta relativa a Borrell.
¿Lo sabía Sánchez?
Pero, de momento tanto desde ERC como desde Junts se han presentado sendas baterías de preguntas escritas al Gobierno por este asunto.
Así, el portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, demanda saber cuándo empezó el espionaje, si sigue a día de hoy, quién lo ordenó y si afecta a otros departamentos catalanes y si Borrell y el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, estaban al tanto.
Rufían espera que el Ejecutivo le aclare si considera «oportunas» estas actividades o si por el contrario cree que deben dirimirse y depurarse responsabilidades por lo sucedido. En concreto, quiere saber si entra en los planes de Sánchez cesar a Borrell.
Además se interesa por el coste de estas labores de investigación, con qué fondos se pagaron, quién autorizó las partidas y cuántos efectivos se destinaron a las mismas. Asimismo, pregunta al Ejecutivo si el espionaje afectó también a las comunicaciones que los delegados de la Generalitat mantuvieron con cargos institucionales de otros países.
Nota informativa sobre el resultado de las gestiones ordenadas al delegado de la Generalitat en Londres.
¿Se espía también a otras comunidades?
De su lado, la portavoz adjunta de Junts, Miriam Nogueras, quiere saber por qué se realizaron esas investigaciones, si existió una orden judicial que las avalara y qué motivos movieron al Gobierno a investigar los tuits y los actos privados de los delegados del Ejecutivo catalán en el exterior incluso antes de ser nombrados.
Al igual que Rufián, la ‘numero dos’ de Junts ha incluido una pregunta para que el Ejecutivo aclare si espía también a las delegaciones de otras comunidades en el exterior o lo hace sólo con las catalanas.
