La Policía Nacional ha detenido a diez personas, entre ellas el ex concejal del Partido Popular de Descentralización del Ayuntamiento de Murcia, Cristóbal Herrero, e investiga a otras siete personas por presuntas irregularidades cometidas entre 2009 y 2013 en la adjudicación de contratos de obra pública, según informaron fuentes del citado Cuerpo en un comunicado.
En concreto, la investigación trata de aclarar si los contratos de obra pública eran fraccionados para no superar el límite legal de 3.000 euros que obliga a sacar las adjudicaciones a concurso público, con el fin de beneficiar a empresas constructoras específicas.
La investigación ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional, que investiga los presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias.
En este sentido, la Policía Nacional investiga una presunta trama de adjudicación irregular de contratos públicos desde la Concejalía de Descentralización del Ayuntamiento de Murcia entre los años 2009 y 2013.
En el marco de esta operación, la Policía Nacional llevó a cabo recientemente diez detenciones e investiga a otras siete personas no detenidas.
Las 17 personas están vinculadas a empresas beneficiarias, es decir, a las constructoras que se habrían beneficiado de la adjudicación irregular de obras públicas, a excepción de tres de ellos, entre los que se encuentra el ex edil Cristóbal Herrero, que ha sido detenido.
Las otras dos personas no vinculadas con las constructoras y que, en este caso, no han sido detenidas sino investigadas, son el jefe de Servicio y el jefe de Negociado del Ayuntamiento.
Tanto el ex concejal como los otros nueve detenidos fueron puestos en libertad, a la espera de ser citados por la autoridad judicial.
La causa estaba sobreseída
Se trata de unas diligencias que instruye el Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia y que estaban sobreseídas. No obstante, el magistrado requirió información relacionada con el caso al PP de la Región y al Ayuntamiento de Murcia, según informaron a fuentes cercanas a la investigación.
Con esa información, la Policía Nacional ha hecho unas nuevas diligencias y un atestado ampliado que acaba de remitir al Juzgado que, de momento, no ha tomado ninguna decisión al respecto. El magistrado tendrá que revisar la documentación y, en su caso, decidir si reabre la investigación.