La corrupción en el ejército español es algo endémico, que está oculto y protegido por el propio Estado, debido el poder que antidemocráticamente tienen las Fuerzas Armadas en España desde tiempos inmemoriales y que sigue intacto hoy en día.
De vez en cuando, por la heroicidad de algún ex miembro del mismo ejército, asociación, o plataforma antimilitar, somos conocedores de alguna noticia sobre graves casos de corrupción, irresponsabilidad, abuso de autoridad o cualquier otra flagrante irregularidad del arma castrense. Las Repúblicas ya informó sobre el Tribunal Militar Central y sus resoluciones.
Denunciamos y publicamos la noticia que vio la luz el 6 de Abril de 2017, cuando una sentencia del Tribunal Militar Central, dictaba que un teniente coronel de Intendencia junto a un teniente, entonces subteniente, destinados en la Igesan, (eran cuatro militares y un empresario los encausados) idearon un sistema para cobrar comisiones, que consistía en amañar contratos que debían haberse sacado a concurso para adjudicarlos directamente, a veces incluso de manera verbal, a firmas propiedad de un empresario.
Con este fin, fraccionaban contratos mayores para eludir la libre concurrencia; recurrían al procedimiento negociado sin publicidad, al que solo se presentaban firmas del citado empresario; y, cuando no podían eludir el concurso público, pactaban con el mismo los puntos del pliego de prescripciones técnicas para que los incluyera en su oferta. En los contratos, según el tribunal, se calculaba un “beneficio exorbitante” para el adjudicatario, del que el 50% se abonaban a los mandos militares.
La sentencia detallaba el pago de comisiones por contratos que totalizan 176.816 euros entre los años 2009 y 2013 y explica que, tantos los dos militares citados como el teniente coronel jefe de la Intervención Delegada en la Igesan y responsable de controlar sus cuentas, mantenían una relación personal con el empresario, con quien solían comer juntos y asistir “a locales de esparcimiento de diferente índole, algunos de alterne. Normalmente todas estas actividades eran financiadas por el empresario”.
Sentencia del Supremo
Ahora elespañol se ha adelantado al anunciar la sentencia a tres de esos mandos militares y a un empresario que han sido condenados a penas de entre tres meses y tres años de prisión por una trama de corrupción asentada en la Inspección General de Sanidad (IGESAN) del Ministerio de Defensa.
Según la sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, y contradiciendo a otros tribunales militares, todos ellos estaban implicados en la adjudicación irregular de contratos a cambio de mordidas.
De acuerdo a la sentencia del Supremo, los mandos militares (dos tenientes coroneles y un subteniente) formaban parte de una trama de mordidas basada en la adjudicación de contratos desde el IGESAN. Un empresario completaba la trama, y entre todos ellos se repartían los beneficios obtenidos en los movimientos irregulares.
Los hechos tuvieron lugar entre finales de 2008 y finales de 2009. El plan consistía en otorgar contratos a dedo al empresario. Dichas adjudicaciones debían haberse realizado con publicidad y concurrencia múltiple, pero los militares fraccionaban los proyectos en partes más pequeñas para pasar los controles.
Otras veces se llegó a la contratación verbal, únicamente prevenida para situaciones de emergencia. Cuando resultaba inevitable el sistema abierto y público, se daba un valor excesivo, en el criterio de elección, a cuestiones técnicas teóricas. Los militares se las comunicaban al empresario para que las incluyera en sus propuestas. Una vez obtenido el beneficio en favor del empresario, una mitad iba a parar al bolsillo de este y la otra mitad al de los mandos militares.
Las Condenas
Con esta sentencia, el Supremo de la Sección Militar pone punto y final a un largo proceso judicial. En mayo de 2018, el tribunal ordenó repetir la sentencia por falta de fundamentación.
Los militares y el empresario habían presentado recursos a sus condenas, llegando hasta esta instancia. La sala no ha aceptado los que presentaron dos militares y el empresario, pero sí ha aceptado parcialmente el de un teniente coronel.
El empresario ha sido condenado a tres meses de prisión al empresario. Las penas de los militares son de cinco meses para uno, de dos años para el segundo y de tres años para el tercero; todas ellas por un delito consumado y continuado contra el patrimonio en el ámbito militar.
La Corrupción del Tribunal Militar Castrense
En su momento el Tribunal Militar Central dijo que si bien el patrimonio personal de varios condenados no correspondía con sus ingresos como militares, también reconocía que no podía probar que fuera fruto de mordidas. También se quejaba de la inexplicable desaparición de algunos contratos.
Uno de los tres miembros del tribunal, él único general que no pertenecía al cuerpo jurídico, suscribió un voto particular en el que pedía la absolución de los acusados, por considerar que no había quedado probado el cobro de comisiones. Hoy el Tribunal Supremo de los Militar ha dictado sentencia condenatoria. Demasiado leve para muchos, pero ha sabido reconocer el caso de corrupción en las Fuerzas Armadas.
