El Tribunal Supremo decidió paralizar la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Algo ilegítimo. Despues este tribunal dictaminó algo aún peor, que Franco había sido Jefe del Estado desde 1938.
Historiadores, juristas y expertos contradijeron hace poco al Tribunal Supremo y consideraron que el dictador ostentó de manera ilegítima el cargo durante la Guerra Civil. Por esa decisión el TS fue de nuevo duramente criticado.
En el auto lo reconocía como el jefe del Estado durante la Guerra Civil, es decir, entre 1936 y 1939, tras el golpe de Estado, mientras Manuel Azaña era presidente de la Segunda República. Ahora, por escandaloso que pueda parecer, es el propio Gobierno de Pedro Sánchez quien reconoce que en aquellos años Franco era el jefe del Estado español. Un verdadero escándalo en tiempos de democracia.
Franco no puede ser considerado jefe del Estado español en esa fecha: fue Azaña quien ostentó ese cargo de forma legítima casi hasta el final de la contienda, defienden historiadores, juristas y expertos en Relaciones Internacionales.
Para el histórico diputado y dirigente vasco del PSOE, Eduardo Madina, que sostuvo que el auto del Alto Tribunal era “ridículo”, “insultante” y una “vergüenza”. O la del líder de Podemos Pablo Iglesias, que calificó la resolución como una “una auténtica barbaridad”. “Que el Tribunal Supremo considere que Franco fue el jefe del Estado desde el 1 de octubre de 1936 dice mucho, demasiado, sobre el tipo de altas instancias judiciales que tenemos en este país”, criticó el coordinador federal de IU, Aberto Garzón.
Igualmente desde Catalunya –Bruselas-, “No puedo creerlo”, dijo el ex president legítimo de la Generalitat Carles Puigdemont en el exilio, añadiendo que el Supremo estaba “legitimando el golpe de Estado contra el Gobierno legítimo de la República española”.
Ahora son, sin embargo, los servicios jurídicos del Ejecutivo, es decir, la Abogacía del Estado, la que en la demanda interpuesta con el objeto de recuperar la propiedad pública del Pazo de Meirás en Sada, La Conuña, y admite que en el aquellos años Franco era el jefe del Estado. “El Pazo de Meirás fue entregado en 1938 a Francisco Franco Bahamonde en su calidad de Jefe del Estado. Y, desde el comienzo de su ocupación, esa posesión se desarrolló en calidad de Jefe del Estado”, argumenta el Ejecutivo.
Desde La Voz de Galicia, aseguran que Franco llegó a acumular al menos veinte propiedades repartidas por toda España: el pazo de Meirás y el palacio del Canto del Pico (Torrelodones, Madrid); el palacete de Cornide (A Coruña); el edificio ocupado por la familia desde la muerte del dictador en la calle Hermanos Bécquer de Madrid; la casa natal de Ferrol; un palacio de caza en Castillo de las Navas (Córdoba); un chalé y dos fincas en Marbella; un chalé en Puerta de Hierro, otro en La Moraleja y propiedades en la urbanización de La Florida, en los tres casos en Madrid; tres fincas y un chalé en Guadalajara; una finca y un chalé en Torremolinos; otra finca en Bastiagueiro, así como otra procedente de los padres de Carmen Polo en Llanera (Asturias).
Se cree que Franco llegó a adquirir propiedades en Miami y Filipinas. Todo ello por valor superior a los 1.000 millones de pesetas, unos 6 millones de euros, ahora de un valor real multiplicado por ocho por las decadas pasadas.
Si un Estado democrático, como se considera el español, tiene que mentir escandalosamente para poder restablecer la justicia sobre una simple vivienda, a pesar del valor ‘emocional’ que pueda tener la misma, e ir contra la usurpación de un dictador, demuestra la poca credibilidad como Estado que tiene España.
