A principios de 2012 el Estado condenaba la malversación de caudales públicos con altas condenas. El Consejo de Ministros daba el visto bueno a un anteproyecto de reforma del Código Penal que incluía desde la tipificación como delito penal para los responsables de las administraciones públicas que malgasten el dinero hasta la ampliación de la prescripción del delito fiscal de cinco a diez años. También se incorporaron cambios en la lucha contra el fraude laboral.
Ahora conocemos la alevosía con la que el Partido Popular ha cometido todo tipo de apabullantes y escandalosas corruptelas. En este nuevo caso, con tarjetas de banco oficiales. No ha habido freno ni desmesura para malgastar ni apoderarse del dinero de las arcas públicas, como en este caso han hecho en la Comunidad de Madrid.
El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid gastó entre 2008 y 2015, tiempos en los que Esperanza Aguirre y Ignacio González presidieron la región, alrededor de 15 millones de euros a través de 345 tarjetas bancarias sin que conste medidas de control alguno por parte de la intervención general ni una regulación informe sobre cómo y para qué utilizar estas tarjetas.
«No se dispone de relaciones centralizadas de las tarjetas de crédito utilizadas en el ámbito de la Comunidad y tampoco constan actuaciones de control, específicamente dirigidas a la utilización de tarjetas de crédito, realizadas por parte de la Intervención General de la Comunidad de Madrid», establece el informe de la Cámara de Cuentas, tal y como señala El País.
La Cámara de Cuentas también denuncia que el sistema era opaco, que no había un marco regulador para su uso, que el ente fiscalizador desconocía cuántas tarjetas se estaban usando y que hay organismos que ni han respondido a las peticiones del Tribunal de Cuentas.
Asimismo, el informe de la Cámara de Cuentas también señala que alrededor de 145.000 euros gastados con estas tarjetas ni siquiera tienen una justificación.
El País ha tenido acceso al informe, donde también señala que el organismo regulador ha pedido a la Comunidad que se regule la utilización de las tarjetas, y específicamente que se establezca «de forma inequívoca el vínculo entre el gasto realizado y los fines de la entidad correspondiente». También insta al Ejecutivo madrileño a que se haga un inventario centralizado de las tarjetas emitidas, así como de controles periódicos.
Viajes oficiales con reiteración, singularmente al extranjero
Además el informe señala que algunos de estos gastos se realizaron por empleados que no eran altos cargos “pero que realizaban viajes oficiales con reiteración, singularmente al extranjero”. Y pone ejemplos. Un cargo del Consorcio Institución Ferial de Madrid gastó más de un millón de euros con una American Express; otro directivo del grupo gastó más de 100.000 con una tarjeta de Bankia, y otro llegó hasta los 53.000. Con las tarjetas del consorcio, establece el informe, se pagaban vuelos, trenes y hoteles, aunque también hay más de 300.000 euros clasificados bajo la rúbrica «atenciones».
Asimismo, el diario del grupo Prisa señala que en el año 2011 se registraron gastos por valor de 8.800 euros correspondientes a una persona vinculada con IFEMA con un contrato de colaboración de tres meses a la que se conceden dietas diarias de 100 euros, entregando una tarjeta para esos gastos, que quedan sin justificar.
También que un directivo de Metro sin rango de alto cargo gastó 55.000 euros. En Metro de Madrid S. A., de hecho, el gasto más elevado se registró en 2008, con un total anual de 142.000 euros, mientras que a partir de 2012 el volumen disminuye significativamente respecto al ejercicio anterior.
Este país es precario en trabajo, en viviendas, en ayudas sociales y muchas otras necesidades de primer orden. Es vergonzante que los partidos políticos españoles como el PP, despilfarren de manera corrupta el dinero del contribuyente de esta manera. Y lo peor de todo que saldrán de rositas de este grave caso de corrupción.
Aún es punible este caso para los culpables, sean quienes sean, políticos o no, y estas son las claves por malversación o directamente delito fiscal:
– La prescripción del delito fiscal se eleva de 5 a 10 años.
– La pena por delito fiscal se eleva a seis años de cárcel
– Inhabilitación por 10 años de los gestores públicos que falseen cuentas
– El fraude mínimo baja de 120.000 a 50.000 euros
– La reforma también ataca al fraude contra la Seguridad Social
– Durante la tramitación del delito y en el tiempo de remisión a la fiscalía para la presentación de la querella puedan liquidarse y cobrarse los ingresos pendientes
Veremos en que queda.
