El informe de la Abogacía del Estado sobre la reclamación del Pazo de Meirás que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha ocultado, contiene una derivada jurídica que hace más difícil, si cabe, expropiar la propiedad a la familia Franco. Según Ok Diario. ese informe, la doctrina aplicada ya en Patrimonio Nacional sobre el Palacio de Ayete –la otra residencia de verano del dictador- en manos municipales hace que el Pazo de Meirás no pueda ser reclamado por el Estado.
Pedro Sánchez inició la reclamación a la familia Franco del Pazo de Meirás con el fin de integrarlo en el Estado. Lo hizo, según ese digital, ocultando un informe de la propia Abogacía del Estado que ya analizó esta posibilidad, hace poco más de un año, y la tumbó por completo por la falta de respaldo legal del Estado para reclamar esta propiedad. Y, además, difícilmente explicable por parte de Sánchez, ante la evidencia de que tampoco ha querido escuchar esa advertencia de los equipos jurídicos del Estado.
Ok Diario se ha hecho con el informe que el Ejecutivo ha ocultado. El documento fue sellado el 4 de abril de 2018. Lo elaboró el abogado del Estado encargado por Patrimonio Nacional del estudio de las posibilidades legales de llevar a cabo esta reclamación contra la familia Franco. El estudio incluye todo un bloque argumental que destaca que “el uso por parte del Jefe del Estado como residencia oficial de un inmueble, que no sea propiedad del Estado, en ningún caso permite considerarlo incluido dentro del Patrimonio Nacional”.
