Una vez más el General Otero Goyánes, aquel al que la ministra Margarita Robles premiara con un puesto en el CEGA, nos sorprende con su compromiso y lealtad hacia sus subordinados afines, en este caso con otra de esas acciones que debieron constituir los méritos de su designación para aquel puesto.
En este caso por la protección que realizó este General al Jefe de una de las unidades más prestigiosas del Ejército del Aire, el Teniente Coronel Casildo Martínez, ya que este mando dejo a una soldado sin el acceso a las condiciones de protección que brindaba para estos casos el protocolo de Violencia de Género.
Dicha soldado que sufría una situación de violencia de género con su pareja que además era otro militar del EADA, confirmada en sentencia firme (IMAGEN A), puso esta situación en conocimiento de sus mandos a través del cabo Mayor D. J.V.H. y del capitán de su escuadrilla D. A.R.A. Sin embargo la solución del mando, ofrecida a través del cabo mayor, fue que se dirigiera al instituto de la mujer, permitiendo así que el entonces presunto maltratador permaneciese en la misma unidad, sin brindarle a dicha soldado la protección del protocolo de violencia de género.
A esta soldado se la expedientó después de estar de baja por las consecuencias psicológicas producidas por dicha situación de la que debió ser protegida. Cuando creía que su unidad habría activado los resortes que la ley dispone para investigar esa situación dentro de sus filas, lejos de ser atendida por la Sanidad Militar se encontró con que se le abrió un expediente que la incapacitaba para el desempeño de sus funciones sin haber investigado las causas.
Así es que después de haber sido asesorada por CJYH solicitó al Teniente coronel el expediente de su baja que debía comprender el expediente de averiguaciones, a los solos efectos de saber si su jefe de unidad estaba ocultando o no una situación que debía conocer y ante la que debió actuar, siendo la sorpresa mayúscula cuando el teniente coronel Casildo le contestaba con evasivas (IMAGEN B). La soldado decidió entonces elevar su instancia al Jefe del MAGEN, que entonces era el General Otero Goyánes, y que a buen seguro debía ser conocedor también de la situación, pero este General se limitó a dar por buena la argumentación del Capitán Auditor José Antonio Rodríguez Santisteban del servicio jurídico, que consideraba lo sucedido como “meros actos de tramite”.
Una vez más afloraba la impunidad de los responsables del E.A., ya que no hay mejor forma de eludir la responsabilidad que poder argumentar falta de conocimiento. No es la primera vez que este General contesta en esa línea, por lo que podemos decir que ya es costumbre.
Además queda patente la utilidad real de un protocolo cuya finalidad no era la recogida en el interior del mismo sino el satisfacer a un interés político. Así con independencia de si se reúnen las condiciones en las que este debe o no aplicarse, este sólo se activa cuando es de interés a estos mandos, es decir, que no implique responsabilidad de uno de “los intocables del MINIS-DEF”, y que con independencia de si procede su aplicación se pueda señalar a una pieza sacrificable del tablero para así poder vender unas buenas estadísticas al político de turno.
