Manuel García-Castellón, juez de la Audiencia Nacional, considera que la investigación del caso Lezo ha aportado «elementos probatorios suficientes» que apuntalan los indicios contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, número dos y sucesor de Esperanza Aguirre y al que el instructor atribuye el papel de «generar y dirigir» una trama delictiva que, entre otras actividades, financió al PP madrileño.
El caso Lezo estalló en abril de 2017 con la detención de González y otros implicados, aunque la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción llevaban investigando una denuncia desde 2015 y el propio Juzgado abrió diligencias secretas en febrero de 2016.
Desde entones la Justicia indaga, entre otros aspectos, la expansión en Iberoamérica del Canal de Isabel II, empresa pública madrileña que presidía el propio González y que habría realizado compraventas en las que obtuvo ilícitas plusvalías millonarias.
También se investiga la financiación del PP de Madrid a través del Canal y de la Agencia de Informática y Comunicaciones (ICM), una parte el caso Lezo que fue fusionada con Púnica, donde aparecieron indicios de esa operativa.
