Delinquir en España sale barato si estas del lado del Estado. El entramado de poderes, económico, judicial, político, militar, etc., no hablemos de la Casa Real, tiene ‘otra justicia’. Lo vemos cada semana en cualquier medio de comunicación. Hoy el beneplacito se lo han otorgado al poder económico y las tarjetas black.
La mayoría de los condenados por el caso de las tarjetas black han recibido el tercer grado o régimen de semilibertad por parte de las Instituciones Penitenciarias. 11 de los 15 presos podrán disfrutar de este decisión y tendrán que acudir a la cárcel únicamente a dormir de lunes a jueves, según informa este martes El País.
Los beneficiarios de esta medida son: José María de la Riva y Ángel Eugenio Gómez del Pulgar (exconsejeros de Caja Madrid y Bankia a propuesta del PSOE), Rubén Cruz Orive (IU), Gonzalo Martín Pascual y Miguel Ángel Abejón (de UGT), Rodolfo Benito y Antonio del Rey (de CCOO), Javier de Miguel Sánchez (PP), Francisco José Pérez Fernández, Jorge Gómez Moreno y Antonio Romero Lázaro (del PSOE).
Un portavoz de Instituciones Penitenciarias se limitó a confirmar la nueva situación de los 11 presos de las tarjetas black tras recalcar que en todos los casos la decisión se ha tomado tras recibir de la Junta de Tratamiento -órgano interno de las cárceles encargado de clasificar a los reclusos- propuestas en este sentido.
Prisiones recalca que la medida se toma al haber cumplido todos un cuarto de la pena impuesta (el Tribunal Supremo los condenó a entre dos años y seis meses y tres años y dos meses de cárcel) y constatar que habían devuelto las cantidades gastadas con sus tarjetas black.
Los Presos Políticos no tienen esa misma Justicia
Esto entra en contradicción con la situación de los Presos Políticos catañlanes encarcelados, en prisión condicional y aún sin sentencia, por el 1de Octubre. Los cuales no han cometido nigun delito, al menos probado, a no ser que sea la desobediencia que cometieron, que aún está por ver.
Esta misma justicia atenta contra la mínima sensibilidad democrática, el mantenimiento en prisión preventiva de estos dirigentes del independentismo catalán, que no pueden salir ni a ver a su familia en grado de semilibertad, es aberrante.
Esto no solo es el más grave sino también es lo que mejor ilustra el profundo deterioro del sistema de convivencia y de las instituciones que está sufriendo España. Porque esa decisión judicial, que el gobierno del PP apoyó y el PSOE secunda, como principales partidos políticos estatales y ante la que la callan los demás partidos, es totalmente injusta e injustificable. Porque solo responde a intereses políticos tan precisos como mezquinos con la complicidad de esta justicia politizada.
