El listado de los bienes que la Iglesia ha puesto a su nombre en las últimas dos décadas asciende a 30.000 propiedades, según los datos que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno de Pedro Sánchez hace justo un año. Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces oculto. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sigue “en elaboración” y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las “posibles actuaciones” que se puedan llevar a cabo.
La cifra de 30.000 propiedades, que ha llegado a A Las Repúblicas de fuentes conocedoras del encargo, responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas…) a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas. Hasta ahora ningún Gobierno ha querido hacer público este listado, que entidades como la Coordinadora Recuperando, que agrupa a varias asociaciones de toda España que luchan por el patrimonio público, llevan años reclamando.
Su publicación permitiría iniciar el proceso de impugnación que el propio Gobierno anunció el verano pasado que emprendería en caso de que se compruebe que la Iglesia inscribió “bienes de dominio público”. El listado abriría la puerta también a que los afectados, sobre todo los Ayuntamientos, pero también particulares, recurran la titularidad de los inmuebles. La tan esperada transparencia de las inmatriculaciones daría paso a una complicada batalla legal en juzgados de toda España.
Cuando el Ejecutivo finalmente envíe al Congreso el listado estará cumpliendo con una proposición no de ley que presentó el PSOE cuando estaba en la oposición, que fue aprobada en abril de 2017 con los votos en contra del PP y Ciudadanos, y que daba seis meses de plazo. El texto instaba al entonces Gobierno de Mariano Rajoy a elaborar una relación de todos los bienes inmatriculados desde 1998, fecha en la que el Ejecutivo de José María Aznar reformó la Ley Hipotecaria, cambio que facilitó estas anotaciones registrales.
El anterior Ejecutivo no cumplió, pero hizo el encargo al Colegio de Registradores y llegó a reclamar varias veces a esta entidad que le entregara los datos, según demuestran varios oficios enviados entre octubre de 2017 y julio de 2018 a los que accedió Las Repúblicas gracias a distintas solicitudes de información amparadas en la ley de transparencia. En octubre, el director general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia escribió al Colegio para “reiterar la remisión del informe solicitado a la mayor brevedad posible”. Para entonces, el plazo de seis meses ya había vencido, como recordaba la misiva.
El director tuvo que insistir en diciembre de 2017 ante nuevas iniciativas parlamentarias que “reclaman al Gobierno la publicación del listado”, dice el oficio. Ya en enero de 2018 el tono fue cortés pero mucho más firme. El colegio envió el 21 de diciembre un listado preliminar, pero faltaban datos. Algunos registradores no facilitaron información. En enero, el Ministerio de Justicia instó a enviar “requerimiento urgente a cada uno de los registros de la propiedad que no hayan informado sobre las inmatriculaciones”. Se puso serio. La respuesta debía darse en el plazo máximo de tres días y “bajo apercibimiento de poder incurrir en responsabilidad disciplinaria”.
Una ley franquista
La última comunicación oficial del Gobierno con el colegio es del 12 de julio de 2018. Para entonces Justicia ya disponía de una versión completa del informe, pero pidió a los registradores que hicieran un desglose de las propiedades por regiones para que la estadística fuese más fácil de consultar. A preguntas de Las Repúblicas, el director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores, Fernando Acedo–Rico, asegura que la versión definitiva del listado se envió a finales de agosto de 2018. ¿Por qué no se ha hecho pública? “No lo sé. Pensaba que ya se había enviado al Congreso. Nosotros cumplimos”.
Una norma franquista, la Ley Hipotecaria de 1946, permitió a la Iglesia inscribir cualquier bien, excepto los templos destinados al culto, sin documentación, simplemente con la firma de un obispo, que actuaba casi como un notario. Pese a esa excepción, en los años ochenta se inscribieron numerosas iglesias y ermitas, según han podido averiguar Ayuntamientos y asociaciones que defienden el patrimonio. En 1998 el Gobierno de José María Aznar permitió que también se inscribieran los templos, es decir, legalizó la práctica. El privilegio de la Iglesia estuvo en vigor hasta 2015, periodo durante el que se inmatricularon lugares como la mezquita-catedral de Córdoba por 30 euros. Hoy uno de los monumentos más visitados de España lo gestiona la diócesis de Córdoba, que cobra cada entrada a 10 euros. La Coordinadora Recuperando reclama que el listado incluya todas las inscripciones desde 1946.
