La redacció ha sido conocedora de la Sentencia del Juzgado Militar Central del Contencioso Administrativo nº3, presidida por el Magistrado Adolfo Serrano de Triana, en la que textualmente describe como un estado incapacitante (IMAGEN A) a “un amplio sentido del deber”
Esto podría ser un llamamiento por parte de La Audiencia Nacional para que todos aquellos militares con unos fundamentos éticos “DISTRAIDOS”, sepan que van por el camino correcto, y a aquellos que de manera profesional cumplen todos los días con su obligación, dejen de esforzarse en el cumplimiento de su deber por que llegado el caso la Justicia no les va a apoyar.
Una Sentencia a todas vistas proteccionista ya que la normativa implicada data de los años 1999 y 2001, sin embargo el tribunal que podría apremiar a adoptar las acciones necesarias para desarrollar una normativa que ahora es de carácter transitorio, se queda de brazos cruzados, aun teniendo conocimiento que en este caso en concreto estaban implicados el Presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez, y la Ministra de Defensa, Margarita Robles.
Se trataba de una reclamación para poder establecer el nexo de causalidad, esto es la relación, entre la expulsión de un miembro de las fuerzas armadas y la auténtica motivación que pudieron haber tenido los jefes del Ejército del Aire, para realizar un procedimiento exprés en el que ellos, prevaliéndose de su posición de juez y parte, harían realidad el refranero actuando como Juan Palomo, “YO ME LO GUISO YO ME LO COMO”.
Todo ello con la tranquilidad que les daría el saber que en caso de que el interesado estuviese dispuesto a llegar al contencioso Administrativo en el más alto estamento judicial posible, el resultado tendería a ser el mismo, dada la tendencia del TMC a la protección del Status Quo establecido.
En este caso, la protección del Status Quo abarcaba desde la incoación fraudulenta de los expedientes médicos solicitados por el Coronel Andrés Gamboa de la Calleja, en colaboración de los oficiales de la Junta Pericial ubicada en el Hospital Militar de la Defensa de Zaragoza que comanda la también Coronel Ana Betegón, hasta el Presidente del Gobierno ante el que se solicitó una audiencia, pasando por las consabidos recursos ante el General Otero Goyánes y el General de personal Castillo Bretón, llegando al Jefe del Estado Mayor y posteriormente la Ministra de Defensa Margarita Robles, conocedora del caso en sede parlamentaria.
Sera casualidad que esa misma ministra en otros casos, con un marcado interés político y populista, si demuestra el coraje para enfrentarse a sus generales y readmitir o no expulsar a personal que por norma debieron serlo.
Ninguna de las autoridades mencionadas alcanzó, o quizás sí, a ver el atropello que se cometía con un militar cuyo único delito fue denunciar en un principio las irregularidades cometidas en su destino, el Ala 31, falta de formación, la puesta en peligro de tripulaciones y personal civil con consentimiento de los jefes, la negación por parte de estos a pagar las dietas en los viajes que se realizan en el Ejército del Aire (causa reabierta ahora con los casos de la UME).
El caso expuesto aquí, sobre lo que parece una manipulación de los expedientes, no es el único ni el más grave que viene ocurriendo en el seno de las Fuerzas Armadas, pero todos tienen un nexo de unión, que es el purgar a todo aquel que decida poner encima de la mesa las irregularidades y denunciar los comportamientos indignos y desleales de otros militares que sean de “LaFamilia”, porque manejan las herramientas y cuentan con los sillones, que les permiten manipular hasta la extenuación las acciones de aquellos que se defienden de los atropellos; Estos son Los Mandos de los Ejércitos, La Sanidad Militar, La Justicia Militar y ahora La Audiencia Nacional.
Una oportunidad perdida ya que recordemos que precisamente este órgano judicial, sería el que podría instar a la revisión de una norma deficiente y no revisada (esto será parte de otro artículo) para por fin hacer que los hombres y mujeres del Ejercito no sean ciudadanos con los derechos recortados, sin embargo este Alto Tribunal prefiere continuar manteniendo los privilegios de “Los Intocables de Minis-Def”, esto es continuar con un ejército en el que los valores de la institución solo sean una herramienta de conveniencia para los que mantengan una posición de relativa jerarquía superior.
En cuanto a La Tríada (Presidencia, Ministerio de Defensa y Audiencia Nacional), ¿Dónde quedo el principio fundamental de la separación de poderes?
